TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 07 de Octubre, 2015. República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) dispuso este miércoles la suspensión en sus funciones sin disfrute de sueldo del embajador alterno de la República Dominicana ante la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, vinculado junto a otras cinco personas, en la comisión de supuestas violaciones de leyes norteamericanas.

Así lo precisa en una nota de prensa el vocero de la Cancillería, Miguel Medina, quien aseguró que la medida se acoge a las reglamentaciones que para estos casos rigen la carrera diplomática y consular dominicana, y que se mantendrá hasta tanto no se produzca una sentencia judicial condenatoria en contra del diplomático Lorenzo.

«Este ministerio lamenta la situación que envuelve al diplomático dominicano en la ONU, quien desde su designación el 3 de septiembre de 2004 ante la Misión Permanente se había desempeñado en diversas funciones ante el organismo multilateral, explica el ministerio.

Indica que la acusación presentada por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos en contra del embajador Lorenzo no compromete la responsabilidad de la Misión Permanente y el gobierno dominicano en términos jurídico e institucional, ya que las violaciones imputadas se refieren a acciones personales al margen de sus funciones.

El MIREX sostiene que el embajador alterno Francis Jiménez fungía desde hace 5 años como ejecutivo honorario en el Centro de Noticias y Cooperación Sur-Sur, una entidad no gubernamental que trabaja de cerca con la ONU, agencias especializadas, gobiernos, empresariado, sociedad civil y grupos de comunicación, dirigido a fortalecer el avance y el progreso en la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio.

Se informa que la Cancillería, a través de su misión permanente ante la ONU y de su Dirección Jurídica, dará seguimiento al caso para garantizar el debido proceso y mantener informada a la comunidad nacional. A la vez, da garantía a la sociedad dominicana de tomar las medidas pertinentes definitivas según las conclusiones del caso, conforme a las normas dominicanas en la materia.