TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 25 de octubre, 2015. -Los eventos ocurridos la pasada semana han asestado un nuevo golpe a la institucionalidad de nuestro país, a su sistema de administración de justicia y a la esperanza de muchos dominicanos y dominicanas que veíamos entusiasmados un proceso mediante el cual el Ministerio Público asumía de manera frontal la lucha contra la corrupción.

Aplaudimos la valiente posición de las juezas Miriam Germán Brito y Esther Agelán Casasnovas, quienes con su voto disidente mantienen en nosotros vivo el ideal de que sí es posible ejercer la función judicial de manera digna, ética e independiente.

Exhortamos a la Sociedad Civil y al Procurador General de la República a continuar su lucha en contra de la corrupción; no podemos desfallecer. Al Procurador General le corresponde defender los intereses del pueblo dominicano en los tribunales de la República, teniendo la obligación de recurrir en casación la desafortunada sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y luchar hasta el fin en contra de los oscuros intereses que tratan de encubrir la corrupción que azota al Estado Dominicano.

Siendo la procedencia del patrimonio de los implicados uno de los principales cuestionamientos y fundamentos de este caso, el Centro Juan XXIII advierte que una de las mayores debilidades en la lucha contra la corrupción es la poca efectividad de la legislación que obliga a los funcionarios públicos, electos o designados, a declarar de manera transparente y veraz su patrimonio personal,  a causa de la falta del reglamento de aplicación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Motivamos a la Sociedad Civil a presentar sus observaciones al Proyecto de Reglamento que actualmente se encuentra en fase de consulta y a dar seguimiento al mismo a fin de garantizar su promulgación antes de que finalice el año.