TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 21 de diciembre 2015. –La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, denunció que al igual que en las jurisdicciones del sistema de justicia del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, las irregularidades campean a sus anchas en los tribunales del interior del país, de forma alarmante en San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Santiago.

La entidad de la sociedad civil, señaló casos como el de la Jurisdicción Civil y Comercial de San Pedro de Macorís, donde las “irregularidades” y la “influencia política” están “a la orden del día”.

ADOCCO, señaló que las investigaciones que realiza el Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, en torno a la corrupción en el ámbito judicial, no deben limitarse al Distrito Nacional, sino que deben expandirse a otros Departamentos Judiciales.

“Los casos de corrupción y de irregularidades en el tren judicial no se limitan al Distrito Nacional”, sostuvo Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador General y vocero de la entidad que lucha contra la corrupción.

Citó el ejemplo de la Jurisdicción Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. “En el Consejo del Poder Judicial reposan múltiples denuncias y querellas sobre graves irregularidades en la administración de justicia en torno al ámbito civil y comercial del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.”

Expresó que solo en el último año se han radicado más de cuatro querellas en contra de los jueces que componen la jurisdicción civil y comercial de dicha demarcación. “Lo que ocurre en la justicia civil y comercial de San Pedro de Macorís es altamente preocupante, en donde la influencia política es un serio problema, en donde personas ajenas al Poder Judicial se jactan de decir que controlan el Juzgado de Primera Instancia y la Corte Civil de San Pedro de Macorís, lo que parece ser cierto por los resultados de los casos que llevan en la citada jurisdicción.

Agregó que estas denuncias afectan el clima para la inversión extranjera y la seguridad jurídica. “Lo que está pasando en esa jurisdicción está afectando seriamente la inversión en importantes ámbitos económicos, por ejemplo, como el turismo y, en definitiva, importantes empresas de otros rubros como el cemento.” Advirtió De la Rosa que ni siquiera “el Estado mismo se salva”, puesto que hemos recibido informaciones de una barbaridad cometida recientemente en contra del Ministerio de Educación, en un hecho que, según dijo, “a todas luces” deja en entredicho la imparcialidad y objetividad de dicha jurisdicción. Terminó diciendo.