TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 09 de enero, 2015. –El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, encabezó un encuentro con organizaciones de la sociedad civil en el que estuvieron presentes funcionarios de la Junta Central Electoral, el embajador de la Unión Europea (UE), el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el ministro consejero de la embajada de los Estados Unidos y representantes de la OIM y ACNUR.

En el encuentro  se pasó balance a las gestiones que realiza la Junta Central Electoral (JCE) con el soporte de la Cancillería para resolver los casos de los dominicanos que hayan confrontado alguna dificultad para obtener su documentación en el marco de la aplicación de la Ley 169-14.

Durante el encuentro, el segundo que se produce en la Cancillería como espacio abierto de diálogo, el ministro Navarro manifestó que la institución se mantiene abierta y dispuesta a colaborar en la solución de los casos comprobables de personas que no hayan obtenido su documentación como lo establece la Ley 169-14, «pues uno de nuestros compromisos es contribuir con el fortalecimiento del mecanismo de protección de los derechos humanos en todo el país, tal como lo ha planteado el presidente Danilo Medina en la ejecución de la nueva política exterior».

Recordó que desde que Cancillería conoció de los presuntos obstáculos que han encontrado los dominicanos de origen haitiano para obtener su documentación, «pusimos la institución a la orden de la Junta Central Electoral para convertirnos en ese necesario espacio de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas migratorio y de derechos humanos, y este segundo encuentro es una muestra de la voluntad política del gobierno central para garantizar que no se vulneren los derechos humanos de ningún ciudadano».

Navarro recordó que en la Cancillería funciona una oficina instalada como auxiliar de las oficialías civiles de la JCE para facilitar la obtención de la documentación a los ciudadanos que han alegado dificultades. Sin embargo mostró alta preocupación de que a la fecha solo un caso se ha presentado en dicha oficina, confirme a la información entregada por la JCE.

El ministro Navarro estuvo acompañado de la viceministra Alejandra Liriano, encargada de Política Exterior, y de la doctora Radhys Abreu, directora de la Dirección General de Derechos Humanos del MIREX

En la actividad participaron, además, Alberto Navarro, embajador representante de la Unión Europea (UE); Lorenzo Jiménez Luis, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Patrick M. Dunn, ministro consejero y representante del embajador de los Estados Unidos, James Brewster, así como representaciones de 20 de 27 organizaciones de la sociedad civil convocadas, y 12 observadores de distintos organismos internacionales. 

Asimismo, asistieron los representantes de la JCE, Lourdes Salazar, suplente de la Secretaría General; Pedro Reyes Calderón, encargado de Litigios, y Brígida Sabino, encargada de Declaraciones Tardías, quienes manifestaron por separado que gran parte de las personas beneficiadas por la Ley 169-14 no han obtemperado al llamado del organismo electoral para que pasen a recoger su documentación, pese a que hay 55 mil actas aprobadas.

Reyes Calderón agregó que en interés de resolver cuanto antes la entrega de la documentación a las personas beneficiadas por la Ley 169-14, la JCE ha desarrollado un amplio operativo con el reforzamiento del personal en las distintas oficialías civiles, «mientras que el presidente de la institución, Roberto Rosario, ha hecho varios llamados a los que se sientan afectados, para que acudan a retirar su beneficio de la ley».

Por su parte, los distintos representantes de organismos internacionales mostraron su satisfacción con la realización del encuentro, como espacio de diálogo entre las entidades públicas y la sociedad civil.

El Canciller Navarro reconoció el empeño del presidente de la JCE, magistrado Roberto Rosario, en agilizar la entrega de documentación a todas las personas cuyos casos contempla la ley 169-14, y ratificó el compromiso de la Cancillería para apoyar en lo que sea necesario a la JCE en este proceso. Igualmente planteó a las organizaciones presentes la necesidad de que presenten cuanto antes los casos de personas que dicen tener obstáculos en la adquisición de los documentos, para que la JCE pueda atender la situación.

Entre las organizaciones asistentes de la sociedad civil se encuentran el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), Centro Bonó, Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD), Movimiento Reconocidos, Centro Cultural Domínico-Haitiano (CCDH), Batey Retief Alliance, Juventud Empoderada para la Transformación, Heartland Alliance, Sane de Childreen, Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA), OFxfan Internacional, Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), Plan Internacional, Iglesia Cristiana, Fundación Étnica Integral (FEI) y Servicio Social de Iglesias Dominicanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).