TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 16 de febrero, 2016. -Más de 200 choferes, propietarios de taxis amarillos que hace cuatro años fueron financiados por el Banco de Reservas y que confrontan dificultades hasta para pagar sus unidades, denunciaron este martes que no solo podrían perder sus vehículos, sino hasta sus propias vidas, pues si el presidente Danilo Medina no interviene y ordena una solución a la problemática que confrontan, muchos de ellos están pensando hasta en el suicidio, pues no soportarían perder lo que les representa su herramienta y capital de trabajo.

Los afectados convocaron a una rueda de prensa en el restaurant Vizcaya de esta capital, donde explicaron la situación que están viviendo luego que a IMPIESESA, empresa intermediaria en las negociones para adquirir dichos vehículos, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso le embargara las cuentas, lo que ha dificultado que puedan realizar los pagos correspondientes.

Ramón Antonio de la Cruz, Robert Arcángel César y José Ogando, voceros de los 200 taxistas afectados, dijeron que para renovarle los marbetes en la Dirección General de Impuestos Internos confrontaron serias dificultades y que, tras pagar religiosamente el financiamiento de sus vehículos durante cuatro años, viven momentos de incertidumbre, mientras presente y futuro del proyecto como tal, luce dudoso e incierto.

“Después de nosotros pagar cuatro años, de un financiamiento que es a cinco años, ahora el Banco de Reservas no recibe las cuotas correspondientes, debido a una situación judicial que afecta al presidente de UNATRAFIN, Arsenio Quevedo, situación de la que somos ajenos, pues se trata de préstamos individuales, particulares, aunque sea un proyecto del colectivo, razón por la que entendemos se debe buscar una salida que no nos siga afectando”, dijo  Ramón Antonio de la Cruz a nombre de sus compañeros.

Expresó que han remitido dos correspondencias al presidente Danilo Medina, se han reunido en varias ocasiones con la dirección provisional de UNATRAFIN y con los actuales ejecutivos de IMPIESESA, pero la respuesta que reciben les deja en  el limbo, pues si no se regulariza su situación, el proyecto podría colapsar y ellos quedarían económicamente liquidados y en la inopia total.

Sobre el proceso e historial del proyecto, los afectados recordaron que el 22 de febrero del 2012, el  entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, entregó, personalmente, las llaves de 200 vehículos con equipos de gas natural, tipo «taxis amarillos», a igual cantidad de choferes miembros de organizaciones afiliadas a la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), mediante un financiamiento otorgado por el Banco de Reservas por un monto global de RD$90.5 millones.

Recordaron también que el entonces mandatario de la Nación realizó la entrega durante un acto en Peravia Motors, empresa concesionaria e importadora de los vehículos.

En esa actividad, según citan los taxistas afectados, el entonces administrador del BanReservas, Vicente Bengoa, informó que los vehículos entregados correspondían a la primera etapa de un proyecto, que permitiría a los choferes adquirir sus propias unidades.

Durante el acto de referencia, hablaron, además, don Nelson Peña, presidente de Peravia Motors y Víctor Arámboles, en nombre de IMPIESESA, empresa intermediaria en las negociaciones.

Como es un asunto de Estado,

Danilo Medina debe intervenir

Dicen los choferes afectados que, debido a que fue el entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, quien, actuando en nombre del Estado dominicano, impulso ese proyecto y que, además, se trata de un financiamiento del banco del Estado, el BanReservas, y que los beneciarios han pagado religiosamente y desean terminar de pagar sus unidades, el presidente Danilo Medina, tratándose de un asunto de Estado, debe intervenir y evitar que el proyecto termine colapsando y que con ello, se produzca una catástrofe.

“Puede haber una catástrofe, pues son 200 familias encabezadas por humildes trabajadores, que hemos pagado cientos de miles de pesos y que ante tal situación, corremos el riesgo de quedar sin nuestras respectivas  herramientas de trabajo, lo que sería fatal”, concluyó Ramón Antonio de la Cruz.