Santo Domingo, 4 de Diciembre (EFE). -Cinco organizaciones de productores de azúcar de República Dominicana constituyeron un comité para defender los intereses de un industrial español que exige la entrega de unas tierras, arrendadas en 2010 al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en cumplimiento de una resolución de arbitraje. El empresario, Joaquín Martín Montero, presidente de Azucarera Porvenir, denuncia desde marzo de 2011 que el CEA le arrebató el 50 % de las 6.300 hectáreas que le arrendó en 2010 para entregárselas a la local Constructora Castelar, del consorcio Grupo Vicini-Campollo, uno de los principales productores de azúcar del país, y a la compañía Inversiones Nacari.

Esas empresas argumentan haber recibido igualmente en arrendamiento las tierras, situadas en el sureste del país.

Martín también denuncia la ocupación de los campos por personal militar y de seguridad de Constructora Castelar, la quema de cultivos y otros daños para impedir a sus trabajadores agrícolas acceder a las plantaciones. El conflicto derivó incluso en incidentes en los que hubo dos muertos y cuatro heridos en julio de 2011 y marzo de 2012.

Un tribunal de arbitraje local condenó en noviembre al Estado dominicano a pagar una indemnización de un millón de dólares por daños y perjuicios a la empresa española, que sigue sin poder acceder a las tierras ante la presencia de personal de Castelar, dijo el portavoz del citado comité, José Aníbal Guzmán.

Las cinco asociaciones de productores, a las que se han unido la Asociación Nacional de Equipos Pesados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos crearon el «Comité en defensa de los derechos de Azucarera Porvenir» para impedir que el CEA «siga desacatando sentencias y usando a los militares dominicanos» en contra de la compañía española, agregó Guzmán.

Según indicó, el comité «llama la atención del presidente de la República (Danilo Medina) para que preste atención a los atropellos que viene cometiendo Enrique Martínez (director del CEA) en contra de la empresa azucarera porvenir con el propósito de servir a los intereses del grupo Vicini-Campollo, que procura establecer un monopolio azucarero y comprar la caña al precio que le venga en gana».

Guzmán explicó que representantes de las partes involucradas en este litigio se reunieron hoy con la fiscal de San Pedro de Macorís, quien dictaminó verbalmente que el Grupo Vicini Campollo puede cortar la caña en las tierras objeto de disputa y alegó que la resolución de arbitraje dictada en noviembre «no está clara».

El portavoz del comité consideró que la fiscal, «en vez de hacer cumplir la sentencia de arbitraje, a lo cual está obligada, se ha convertido en parte, a favor de Vicini Campollo».

El Comité en defensa de Azucarera Porvenir, anunció Guzmán, protestará mañana ante la Fiscalía de San Pedro de Macorís, donde exigirá que se permita a esta empresa trabajar en la zona en disputa, tal como determinó la resolución de arbitraje, dictada por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. EFE

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