TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 28 de agosto  2016.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, planteó el domingo al Procurador General de la Republica Alain Rodríguez la sustitución de los fiscales del  Gran Santo Domingo y Santiago.

Sugiere que convoque al Concejo del Ministerio Publico a los fines de dar cumplimiento a la ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

Dice que la Ley  en su artículo 41 establece lo siguiente: Procurador Fiscal Titular. Las fiscalías se integran por un equipo de procuradores fiscales y fiscalizadores que estarán dirigidos por un Procurador Fiscal designado como Titular, conforme al escalafón, por el Consejo Superior del Ministerio Público por un período de cuatro años.

Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño.

El pedido de la organización de la sociedad civil se produce ante el descontento de algunos miembros del ministerio público que han sido evaluado obteniendo calificaciones que ameritan ser promovidos, lo que a la fecha no se ha producido por la permanencia en sus puestos de los titulares, que también deben ser promovidos a procuradores de cortes.

Sugiere que los actuales procuradores de cortes evaluados y que han obtenidos buenas calificaciones a procuradores generales adjuntos, tal como lo establece el Estatuto del Ministerio Público, entre los titulares que ya cumplieron 4 años y meses en sus cargos sin ser evaluadas y ratificadas se encuentran las procuradoras fiscales de los distritos judiciales más importantes Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Santiago.

De otra parte Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, calificó de grave el proceso de allanamiento y cierre simultáneo de varias clínicas en el municipio de Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo dispuesto por el Ministerio Público de esa demarcación, donde se evidencio la comisión de varios errores procesales que luego obligaron a las autoridades a reabrir los centros de salud por el incumplimiento del debido proceso, lo que ha sido una práctica recurrente de miembros del ministerio público que más que atacar el crimen con esas acciones lo favorecen, ya que los casos al llegar a la jurisdicción de juicio se caen, recayendo la responsabilidad en los jueces.

“Desde el punto de jurídico un proceso que empieza mal termina mal, ningún caso de investigación por delito debe ventilarse a la luz pública en la fase de investigación o preparatoria porque la ley establece que es privado,  en cualquier país, con un error de esa naturaleza en un proceso, es anulable, siendo esa una razón por la que la mayoría de los procesos se caen en los tribunales, por violar las disposiciones del Código de Procesal Penal y muestra de ello están los casos donde se encontraban exfuncionarios públicos, cuyos caso fueron llevados primero en la jurisdicción de los medios de comunicación y sin fundamentos en los tribunales ordinarios”.

En el caso de la desaparición de la niña Carla, somos los primeros en exigir el esclarecimiento de que ocurrió con la menor y que los responsables paguen por ello, pero de ahí a cerrar establecimiento con ese aparataje, afectando los intereses de médicos que su única relación con esos centros es la de tener rentado un cubículo o consultorio y ni hablar de los empleados y accionistas que nada le vincula al caso, cuando el papel del ministerio público es la de representar a la sociedad y esos son ciudadanos a los que la autoridad le vulnera sus derechos.

“Hay que investigar, claro, lo que demandamos como entidad preocupada por la institucionalidad del país, es que se cumpla con el protocolo legal y eso es lo que pasa en nuestro país, que provocan que los casos judiciales se caigan”. Dijo el vocero de ADOCCO.

Una acción imperdonable del ministerio público de la provincia de Santo Domingo, lo constituyo el hecho de proceder a la clausura de los centros sin establecer por qué tiempo iban a ser clausuradas esas clínicas: “Se cerraron después de la 6 de la tarde, para hacerlo a esa hora, la orden de clausura debe expresar la orden de un juez otorgando el permiso  y no se hizo constar, conforme al Código Procesal Penal, sin embargo en el documento de la Fiscalía no se explica por cuánto tiempo.