TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, QUITO, ECUADOR, 03 de mayo, 2018. –La Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) eligió a cuatro representantes del Poder Judicial dominicano como integrantes de distintas Comisiones Permanentes de trabajo para la XX Edición.

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la CIJ estará representada por el magistrado Justiniano Montero Montero, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mientras que en la Comisión Iberoamericana de Justicia Ambiental fue designada la magistrada Claudia María Peña Peña, jueza de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo del Distrito Nacional.

La Directora  General Técnica del Poder Judicial dominicano,  licenciada Gloria Cecilia Cuello fue reelecta en la Comisión de Coordinación y  la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, Directora de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) permanecerá como miembro de la Junta Directiva del Instituto de Altos Estudios Judiciales por un período de 2 años.

La delegación dominicana que participó en la Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana fue encabezada por el magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ); la licenciada Gloria Cecilia Cuello, Directora General Técnica y Coordinadora Nacional para los temas de la Cumbre Judicial Iberoamericana; y la doctora Gervasia Valenzuela, Directora de la ENJ.

El fortalecimiento de la administración de justicia en Iberoamérica: las innovaciones procesales en la justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial,  fue el eje temático de dicho encuentro, el cual fue inaugurado con la presencia del presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno.

Durante los últimos dos años fue desarrollado el tema de las innovaciones procesales, donde los países integrantes de este foro, a través de sus comisiones y grupos de trabajo, desarrollaron varios productos cuya aplicación permitirá optimizar el servicio judicial para los ciudadanos de la región.

Entre esos productos están el Protocolo Iberoamericano de Justicia por Audiencias, la Guía de Buenas Prácticas en Oralidad Procesal y el Protocolo de Buenas Prácticas en Materia de Extinción de Dominio.

De igual forma se suscribieron varias declaraciones para el fortalecimiento de la justicia juvenil restaurativa, independencia judicial, justicia ciudadana y participativa, así como también otra para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, que en materia de justicia promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el marco de esta Cumbre fue entregado el Premio al X Concurso Internacional de Trabajo Monográfico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial, encontrándose presente el ganador del primer lugar, el licenciado Roberto Antonio Medina Reyes, de la República Dominicana, quien resultó ganador con su trabajo titulado “La e-Justicia como Garantía del Principio de Transparencia en el Sistema Judicial”.

Asimismo, aprovechando este cónclave, los Poderes Judiciales de la República Dominicana y de Costa Rica firmaron un acuerdo con el objetivo de establecer un marco regulatorio de las relaciones y actividades de colaboración institucional, a través del intercambio de información y experiencias en asuntos referentes a modernización judicial y aplicación de nuevas tecnologías, a fin de mejorar conjuntamente la transparencia, eficacia, eficiencia y accesibilidad del servicio de justicia.

La Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), de la cual forma parte la República Dominicana y otros 22 países, es una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.

Los Poderes Judiciales miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, además de República Dominicana, son el Principado de Andorra, Argentina, Brasil, México, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Perú, Cuba, Portugal, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay, España, Venezuela y Guatemala.

El objetivo es la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y del sistema democrático.