TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 11 de junio 2018-. Luego de transcurrido un año de haber iniciado una exhaustiva investigación sobre los sobornos de Odebrecht, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó acusación y solicitó apertura a juicio el pasado jueves en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.

Como resultado de ese arduo trabajo de investigación, dijo que estructuró un voluminoso expediente que relata en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido las siete personas encartadas, aportando 1,711 elementos probatorios obtenidos de manera legal.

En ese sentido, precisó que el expediente está acompañado de 1,368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios.

Mediante un comunicado de prensa, la PGR señala que encontró pruebas fehacientes y suficientes que vinculan a esos imputados con los US$92 millones de dólares en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.

Precisó que la acusación contra el grupo de imputados fue presentada ante al juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, por presuntamente incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, estableciéndose que dichos imputados no pueden justificar sus respectivos patrimonios.

Esas acciones ilícitas están descritas y son sancionadas por los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, y los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículo 3 letras A, B y C, artículo 4 y 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que el combate de la corrupción y la impunidad es uno de los temas centrales para la Procuraduría General de la República, y una muestra de ello es el esfuerzo y empeño para procesar judicialmente a los involucrados en los sobornos, sin importar las funciones públicas ejercidas, ni a qué partido pertenecen, ni su poder económico.

“El expediente contra los encartados del caso Odebrecht es el resultado de largos meses de trabajo y esfuerzo, que conllevó más de 130 mil horas de trabajo, todo ello, para cumplir con el compromiso que hemos asumido con la sociedad de procurar que todo el que resulte responsable de haber recibido soborno de la empresa brasileña,  sea sancionado con todo el rigor de la ley”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Afirmó que es un expediente completo y objetivo, preparado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, entre fiscales de carrera de larga trayectoria y otros profesionales, el cual explicó que está acompañado de pruebas irrefutables que espera sean acogidas para el envío a juicio de fondo de todos los imputados.

La Procuraduría destacó en el comunicado de prensa que en el transcurso del proceso fueron investigadas más de 400 personas y compañías, realizándose una minuciosa revisión de más 800 mil transacciones  y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación.

Asimismo, detalló que fueron investigados en los registros de títulos del país, más de 500 inmuebles registrados a nombre de todas esas personas y sociedades, con el objetivo de verificar la naturaleza real del patrimonio de cada uno.

La PGR dijo que fueron interrogados todos los titulares de las instituciones públicas que habían contratado con Odebrecht, personas que hacían 5, 10 y hasta 15 años atrás habían estampado sus firmas en los documentos, incluyendo ministros, ex ministros, senadores y diputados de diversos partidos.