TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 20 de junio 2018. La corrupción que supuestamente se practica desde el Estado y en contubernio con agentes minoritarios del sector privado constituye el principal obstáculo para el desarrollo de las inversiones del 98 % de tejido empresarial y para el progreso social de los 10 millones de dominicanos.

Así lo aseguró hoy el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, al participar del conversatorio “Impacto de la corrupción y la impunidad en la economía dominicana”, que se celebró en el campamento de Marcha Verde en el Centro de los Héroes.

Taveras Guzmán explicó, según nota de prensa, que las prácticas de corrupción encarecen todas las transacciones que se realizan con y desde el Estado; impactan en los costos de producción y reducen la capacidad de competencia de la mayoría de los empresarios y empresarias que no participan del reparto ilegal de los bienes públicos.

Dijo, además, que gran parte del dinero de funcionarios y empresas corruptas se constituye en capital expatriado porque sus beneficiarios, al no poder justificarlo ante las autoridades del sistema financiero y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se ven en la obligación de trasladar el dinero sucio a paraísos fiscales.

Para el empresario, la corrupción provoca un círculo vicioso en la economía, porque genera un déficit fiscal que se cubre con deuda, reduce la capacidad del Estado de invertir en servicios de calidad y desincentiva el pago de impuestos.

“Si todos los estudios locales e internacionales nos dicen que el principal obstáculo para hacer negocios en República Dominicana es la corrupción, entonces es una necesidad y un deber de los pequeños, medianos y grandes empresarios y de la ciudadanía en general exigir una justicia independiente y el fin de la impunidad”, opinó.

Taveras Guzmán resaltó que, en democracia, el poder reside en la ciudadanía y que este poder es delegado para que se gobierne conforme a los intereses de la colectividad, no para el enriquecimiento y “endiosamiento” de un pequeño grupo.

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen un rol fundamental para obligar a sus representantes a rendir cuentas permanentes, de los recursos puestos en sus manos. Sin una ciudadanía movilizada se hace muy difícil el combate a la corrupción”, concluyó.EFE