TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 12 de septiembre 2018. -Como parte de la primera etapa del Plan Nacional de Mejora Regulatoria, de conformidad con el Decreto 258-18, emitido en la quinta sesión del pleno de COMPETITIVIDAD por el presidente Danilo Medina a través del Consejo Nacional de Competitividad, queda en marcha la resoluciones No. 0003-2018 para el levantamiento del Inventario Regulatorio y la Implementación del Programa de Simplificación de Cargas en la República Dominicana (SIMPLIFICA-RD).

El encuentro contó con la presencia de los titulares de las 41 instituciones del sector público seleccionadas, considerando su nivel de incidencia, directa o indirecta, en sectores económicos tales como; agrícola, ambiental, comercio, comunicaciones, educación, energía, externo, financiero, fiscal, infraestructura, institucional, laboral, salud, seguridad, transporte, turismo, entre otros.

Las ejecuciones presupuestarias al cierre del año 2017 de las instituciones seleccionadas representaron el 60.3% del gasto público total, el 10.9% del PIB nominal, y cuentan con un universo de aproximadamente 1,565 trámites y servicios identificados de manera preliminar, que involucran tanto a personas físicas como jurídicas.

El inventario regulatorio de la Administración Pública, que conformará el Registro de Regulaciones Administrativas, recopilará las regulaciones administrativas vigentes y establecerá una contabilidad precisa y continúa del saldo regulatorio permitiendo el seguimiento y análisis de los flujos regulatorios en el tiempo. Mientras que el programa SIMPLICA-RD  persigue medir el costo total de los trámites y servicios para la sociedad, permitiendo elaborar un programa de mejora regulatoria para eliminar o simplificar los trámites y servicios identificados que generen mayor carga a la sociedad.

Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de COMPETITIVIDAD, como parte del Plan Nacional De Mejora Regulatoria, creará un mecanismo de consulta que permitirá a las asociaciones empresariales, empresas y particulares en general, remitir las informaciones sobre aquellas regulaciones, trámites y servicios que pudieran estar afectando sus respectivos derechos económicos y sociales, garantizados por la Constitución de la República; así como cualquier estimación pertinente de costos regulatorios que recaigan sobre la actividad económica de su ámbito.

Las disposiciones contenidas en la resolución serán aplicables a todos los entes y órganos de la Administración Pública, en los términos establecidos en el Decreto No. 258-18 de Mejora Regulatoria.