TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 17 de septiembre 2018. El Gobierno dominicano estableció un acuerdo con el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella que crea un fondo contingente que garantiza el flujo de recursos para terminación y puesta en operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), independientemente del tiempo y resultados del arbitraje por reclamo de recursos adicionales.

En una rueda de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, ratificaron la posición del Gobierno de no pagar un centavo más sobre el valor contractual de la obra de US$1,945 millones.

Para defender la posición oficial, el Gobierno contrató a una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y Nueva York en este tipo de litigios, la firma Foley Hoag LLP, con más de 75 años de experiencia.

Sin embargo, para evitar que ese proceso implique la paralización de la obra, las partes en disputa acordaron crear un fondo contingente por monto de US$336 millones, que servirá para terminar la obra. Esos recursos serán reembolsados para cualquiera de las dos partes tomando como base la sentencia que surja del tribunal de arbitraje.

El fondo contingente se divide en dos partes, una partida de US$136 millones, correspondiente a saldo pendiente de amortización, y otra de US$200 millones que serán transferidos a una cuenta Escrow (de garantía) cuyos desembolsos se harán en la forma en que se cumpla el cronograma de entrega de la planta generadora.

Jiménez Bichara y Aristy Escude dijeron que el “Acuerdo marco para la continuación y finalización del proyecto CTPC con motivo de disputa pendiente” no implica el reconocimiento del reclamo que por US$708 millones mantiene el consorcio como necesidad adicional a los US$1,945 millones de valor contractual de la obra.

“El Gobierno dominicano mantiene su posición de no aceptar el pago de un centavo más sobre el valor contractual de esta planta eléctrica de 752 megavatios brutos”, expresó el funcionario. “Lo que hemos hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión judicial”, agregó.

Dijo que los términos en que se firmó el acuerdo dejan esto claramente establecido: “que el Fondo Contingente no altera ni modifica de manera alguna el precio definitivo del contrato de EPC (Ingeniería, procura y construcción), que es de US$1,945 millones, y nada de lo establecido en el acuerdo y documentación relacionada podrá interpretarse en sentido contrario o ser utilizado como precedente, cualquiera fuere su naturaleza, en relación o con respecto a la disputa pendiente o arbitraje”.

Cada uno de los desembolsos se realizará siempre contra ejecución de la obra y será auditado mensualmente por una firma auditora de reputación internacional. Es decir, se entregarán los pagos a medida que se vaya finalizando la obra, estableciendo además penalizaciones adicionales en caso de atraso en la fecha de entrega de cada una de las unidades.

El acuerdo permitirá que la primera unidad de generación comience a operar mediante su sincronización a finales de 2018 y la segunda unidad en febrero de 2019. En caso de que no se cumplan las fechas acordadas, se establecen penalidades adicionales de 220 mil dólares por cada día de atraso, suma que será pagada por el Consorcio constructor al Gobierno.

En caso de que la sentencia le conceda la razón al consorcio, entonces los fundos en cuestión correrán por cuenta del Estado, mientras que si la decisión judicial es favorable a la CDEEE, entonces el consorcio deberá reponer esos recursos al Gobierno en un plazo no mayor de 45 días.

La planta eléctrica de Punta Catalina fue contratada por un valor de US$1,945 millones. Sin embargo, desde finales del año pasado, el consorcio que la construye ha reclamado US$708 millones adicionales, alegando que ha incurrido en gastos y costos por atrasos que no estaban previamente determinados. Como las partes no llegaron a ningún entendimiento, se decidió recurrir al arbitraje internacional.

Pero para evitar que el proceso afecte el curso de la obra, el presidente Danilo Medina designó una comisión integrada por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; el administrador general de la CTPC, Jaime Aristy Escuder; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el empresario José Miguel González Cuadra, para que identificaran una salida que evitara la paralización de la obra y que a su vez no comprometa el patrimonio del Estado ni reconozca un aumento en el valor contractual de la obra energética que se levanta en la provincia Peravia.

El resultado fue la creación del fondo contingente de US$336 millones para que la obra sea concluida en el tiempo previsto (entre finales de 2018 y mediados de 2019), independientemente de cuánto tarde el arbitraje que ha de determinar si el consorcio tiene o no la razón en su reclamo económico.

En el caso eventual de que el juicio arbitral determinara favorecer al consorcio por el monto total que reclama, entonces el Estado tendría que pagar cualquier diferencia respecto al monto que determine la decisión judicial.

En cambio, si el arbitraje emite una sentencia a favor del Estado, entonces el consorcio tendrá que devolverle al Gobierno los US$336 millones que se están poniendo a disposición para la terminación de la obra, pues son recursos adicionales al valor contractual, o cualquier diferencia respecto al monto que determine la decisión judicial.

Para asegurar el cumplimiento fiel de ese compromiso, el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella ha firmado una garantía económica como constancia de que cuenta con la capacidad de reembolsar esos fondos en caso de que el Estado resulte beneficiado en el arbitraje.