TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, MADRID, 01 de julio, 2019. -El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, se enfrentará en un mismo juicio a las dos últimas causas judiciales que tiene pendientes en España, una por corrupción y otra por fraude fiscal y blanqueo, según ordenó este lunes un tribunal de Madrid.

Rato cumple desde el pasado octubre una condena de cuatro años y medio de cárcel por irregularidades en su gestión al frente de la entidad bancaria Caja Madrid, al usar, junto a otros directivos, tarjetas de crédito opacas al fisco para gastos personales.

Además, en estos momentos está siendo juzgado por presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia, entidad creada en 2010 a partir de la fusión de varias cajas de ahorro, entre ellas Caja Madrid, y de la que también fue su presidente, con la que habrían perjudicado a 180.000 pequeños inversores.

Pero el que fuera también vicepresidente económico del Gobierno español en la etapa del conservador José María Aznar (1996-2004) y director gerente del FMI (2004-2007), tiene otros dos casos pendientes de juicio, uno por las supuestas comisiones que habría recibido por las campañas publicitaria de Bankia y otro por fraude fiscal.

Los magistrados consideraron hoy que los delitos de esos casos “se hallan íntimamente anudados”, por lo que decidieron unirlos en un mismo juicio porque así “se evitarían pronunciamientos contradictorios”.

En el primer caso, la fiscalía solicitaba para Rato cuatro años de prisión y multa de 2,5 millones de euros (2,8 millones de dólares), al considerar que recibió comisiones de 835.000 euros de las compañías publicitarias Zenith y Pulicis, contratos asignados a pesar de que había opciones “más favorables económicamente” y que hizo “de espaldas” al Consejo de Administración.

A partir de hoy, estos hechos se investigarán junto al delito de blanqueo, después de que los investigadores de la Guardia Civil encontraron indicios de que Rato empleó para recibir ese dinero sociedades en el extranjero y sin actividad social, utilizando como testaferros sociedades fiduciarias, con presuntos delitos fiscales desde 2012 a 2015.