Méndez confirmó este miércoles que fue informado de ello por el comité de evaluación al que se encargó el estudio jurídico, entregado a Méndez antes de que la Cámara Baja iniciara una reunión de miembros del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) para analizar la posibilidad de comenzar el juicio político.

La reunión del PNP es clave porque en esa cita podría decidirse si se comienza el juicio político contra Rosselló si mantiene su postura de permanecer en el cargo.

La Constitución de Puerto Rico establece que el Legislativo puede iniciar un juicio político contra el gobernador siempre que se cumplan unos requisitos -la comisión de determinados delitos-, además de que se cuente con el apoyo de dos tercios de los miembros de la Cámara de Representantes y tres cuartos de los del Senado.

El informe detalla que cuatro de los supuestos delitos cometidos por Rosselló serían de carácter grave y uno de carácter menos grave, constituyendo depravación.

Tres de los delitos afectarían al Código Penal y otros dos a la Ley de Ética Gubernamental.

El comité de juristas está compuesto por los abogados Luis Rodríguez, Francisco Reyes y Enrique Colón.