El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue apoderado de una demanda cautelar,  mediante la cual se le solicita ordene  la realización de un embargo de las cuentas de la constructora brasileña Norberto Odebrecht  en la República Dominicana,  por un monto de 90 millones de dólares.

Con la medida cautelar se procura que el presidente del TSA autorice el embargo de manera provisional,   hasta que el tribunal conozca   un recurso contencioso administrativo que fue sometido por una pareja de envejecientes en contra de  ODEBRECHT y del Ministerio de Obras Públicas,  por un monto de 45 millones de dólares, por  los daños  provocados a una finca  ubicada en San José de Ocoa, con la extracción de materiales para la construcción de la carretera Cibao-Sur.

La solicitud de medida cautelar fue presentada por los señores Heriberto Lara, de 95 años, y Santa Margarita Báez, de 86,  quienes demandaron a la constructora ODEBRECHT de manera principal, y al Ministerio de Obras Públicas, de manera forzosa.

La autorización del embargo ha sido pedido por el doble de las condenaciones que se reclama en la demanda principal, como se establece legalmente.

El abogado de los demandantes, Luis Méndez Novas, explicó que la medida persigue garantizar el pago del dinero que demanda la pareja de envejecientes por los daños provocados a su finca, ante el peligro de que la constructora ODEBRECHT se marche del país, debido a que ya está concluyendo las obras que tiene a  su cargo.

Precisó que Lara y Báez otorgaron permiso a Obras Públicas para permitir que los vehículos de la constructora responsable de la ejecución de la carretera Cibao-Sur pernoctaran en su propiedad, pero la constructora ODEBRECHT se excedió extrayendo materiales de construcción de alta calidad y dejando la finca  inservible, por lo que demandaron tanto a la constructora como a Obras Públicas.

La demanda por daños y perjuicio y cobro de valores fue  sometida inicialmente por la jurisdicción civil, pero la cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional se declaró incompetente, cuya sentencia fue luego confirmada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación Civil, que remitió el expediente a la  jurisdicción contencioso-administrativa.

La audiencia para conocer la solicitud de medida cautelar fue fijada por el TSA  para este miércoles, 21 de agosto, a las 9 de la mañana.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue apoderado de una demanda cautelar,  mediante la cual se le solicita ordene  la realización de un embargo de las cuentas de la constructora brasileña Norberto Odebrecht  en la República Dominicana,  por un monto de 90 millones de dólares.

Con la medida cautelar se procura que el presidente del TSA autorice el embargo de manera provisional,   hasta que el tribunal conozca   un recurso contencioso administrativo que fue sometido por una pareja de envejecientes en contra de  ODEBRECHT y del Ministerio de Obras Públicas,  por un monto de 45 millones de dólares, por  los daños  provocados a una finca  ubicada en San José de Ocoa, con la extracción de materiales para la construcción de la carretera Cibao-Sur.

La solicitud de medida cautelar fue presentada por los señores Heriberto Lara, de 95 años, y Santa Margarita Báez, de 86,  quienes demandaron a la constructora ODEBRECHT de manera principal, y al Ministerio de Obras Públicas, de manera forzosa.

La autorización del embargo ha sido pedido por el doble de las condenaciones que se reclama en la demanda principal, como se establece legalmente.

El abogado de los demandantes, Luis Méndez Novas, explicó que la medida persigue garantizar el pago del dinero que demanda la pareja de envejecientes por los daños provocados a su finca, ante el peligro de que la constructora ODEBRECHT se marche del país, debido a que ya está concluyendo las obras que tiene a  su cargo.

Precisó que Lara y Báez otorgaron permiso a Obras Públicas para permitir que los vehículos de la constructora responsable de la ejecución de la carretera Cibao-Sur pernoctaran en su propiedad, pero la constructora ODEBRECHT se excedió extrayendo materiales de construcción de alta calidad y dejando la finca  inservible, por lo que demandaron tanto a la constructora como a Obras Públicas.

La demanda por daños y perjuicio y cobro de valores fue  sometida inicialmente por la jurisdicción civil, pero la cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional se declaró incompetente, cuya sentencia fue luego confirmada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación Civil, que remitió el expediente a la  jurisdicción contencioso-administrativa.

La audiencia para conocer la solicitud de medida cautelar fue fijada por el TSA  para este miércoles, 21 de agosto, a las 9 de la mañana.