TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, CARACAS, 19 de diciembre, 2019. – El Gobierno de Nicolás Maduro denunció este jueves que los 400 millones de dólares aprobados esta semana por Estados Unidos para el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien reconoce como mandatario interino, tiene como objetivo expoliar las riquezas del país.

“Esta ley solo busca la restauración neoliberal sobre Venezuela y el expolio de sus recursos, para lo cual plantea abiertamente un pretendido régimen de tutelaje legal”, dice un comunicado de la Cancillería venezolana en alusión a la llamada ley Verdad (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act).

Este proyecto, aprobado el martes por el Congreso estadounidense, define los 400 millones de dólares como “ayuda humanitaria” tanto para “individuos y comunidades” dentro de Venezuela como para “venezolanos y comunidades receptoras” en países de la región que han recibido migración.

La Cancillería venezolana ha rechazado estos presupuestos que consideran que constituye “una nueva agresión injerencista” que busca “profundizar los ataques contra el pueblo venezolano, desconocer su soberanía y orden constitucional interno”.

“Detrás de esta cadena de eufemismos, se oculta un instrumento que pretende acentuar la implementación de las medidas coercitivas unilaterales, que resultan ilegales, en tanto son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas”, prosigue el escrito.

Además del dinero, EE.UU. aprobó una serie de medidas en apoyo a Guaidó entre las que figuran sanciones para miembros del entorno de Maduro, se requiere identificar e informar al Congreso de cargos políticos o militares que puedan “desertar” y se habla de “recuperación de activos robados”.

“El Congreso estadounidense pretende malgastar el dinero de los contribuyentes para financiar la desestabilización de Venezuela y entregar recursos a gobiernos satélites y cómplices de su estrategia”, agregó en respuesta el chavismo gobernante que se dijo “siempre listo para defender ante cualquier escenario” su legalidad.

La resolución estadounidense insta al Gobierno de Donald Trump a mantener su apoyo a los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Lima para derrocar a Maduro, y a guiar a otros países para que impongan sanciones contra el Ejecutivo venezolano.