TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 10 de febrero 2020. -A propósito de las pretensiones del gobierno que encabeza Danilo Medina de vender al sector privado el 49 % de las acciones, propiedad del Estado dominicano, de la planta de Punta Catalina al precio de US$304.78 millones, Fuerza del Pueblo manifestó que ese mecanismo de ingeniería contable y financiera no garantiza los mejores intereses del pueblo dominicano, propietario absoluto de estos activos.

Señalan que la transacción anunciada que contempla la venta de acciones este proyecto, construido por el consorcio Odebrecht, Technimont y Estrella, “parte de premisas incorrectas presentadas con fines políticos y particulares por el Ministerio de Hacienda”.

“Es nuestra obligación como organización política responsable y vigilante indelegable de la transparencia en relación al destino de los bienes públicos, desentrañar las interioridades de este burdo engaño”, precisó, al agregar que “ese no es, ni remotamente, el monto total de los recursos aportados por el estado dominicano en relación a este escandaloso proyecto”.

Explicó que en efecto, “el valor en libros de US$2,372.9 millones no recoge el pasivo contingente de los US$708 millones reclamados por el consorcio liderado por Odebrecht como sobrecostos incurridos en la ejecución de la obra y que se encuentran en un proceso arbitral en una corte de Nueva York, y obligó a especializar un fondo contingente de US$336 millones para terminación de la obra”.

FP señaló que es altamente probable que dicho litigio sea fallado en contra del Estado dominicano, en su totalidad o una porción significativa, ya que estos sobrecostos, que alteraron el precio de la obra, solo podían ser aprobados por la Vicepresidencia Ejecutiva de CDEEE, de acuerdo al artículo 9.1.5 del Contrato de Ingeniería y Procura (EPC, No.101/14) aprobado por el Congreso Nacional y por el poder especial número 57-14 del presidente Danilo Medina.

Dicho artículo establece que: “Cualquier variación que implique el aumento del precio del contrato o la extensión de su plazo de ejecución, tendrá que ser sometida para su aprobación ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación”.

“Esto evidencia una vez más, la falta de transparencia y rigurosidad técnico-profesional que ha acompañado este proyecto, de forma deliberada ha sido ocultada una significativa cantidad de renglones relacionados con el costo total del proyecto”, manifestó.

En este sentido, expresó que en el valor en libros de US$2,372.9 millones de dólares que se pretende usar de referencia contable de los activos, tampoco han sido considerados los costos del propietario, que son todos los de desarrollo incurridos fuera del EPC contratado al Consorcio ODEBRECHT –Engineering, Procurement & Construction- para llevar el proyecto a un nivel de operatividad comercial.

Explicó que en el caso de Punta Catalina, usando como referencia el valor contractual del EPC de US$1,945 millones, estos significarían “otros US$389.00 millones de gastos adicionales que están siendo ocultados a la ciudadanía y que extrañamente no han sido incluidos como los reales costos contables del proyecto”.

“Para agravar la falta de transparencia evidenciada anteriormente, el gobierno se destapa con una nueva operación, pretendiendo vender los activos de la planta de Punta Catalina a precio de vaca muerta (US$304 millones), como se dice popularmente, cuando la inversión real de esa planta de acuerdo a los técnicos de la Fuerza del Pueblo, acabará superando los US$3,500 millones, tal y como se desprende de las consideraciones anteriormente señaladas”, precisó.

Dijo que puesto que esta inversión fue extraída “de las costillas del pueblo dominicano manteniendo elevada en más de un 30% la tarifa eléctrica que han venido pagando los consumidores durante estos siete años de bajos precios de los combustibles, es inaceptable y sospechoso que ahora el gobierno pretenda vender una planta que producirá beneficios estimados entre US$250-300 millones de dólares al año, de acuerdo a estimaciones del propio gobierno”.

“Por esta y otras razones, la Fuerza del Pueblo se opone rotundamente a esta sospechosa transacción. El valor de mercado de esa planta, de acuerdo a reputadas opiniones técnicas, con un Contrato de Venta de Energía a las Distribuidoras (PPA) de US$10 centavos por kilovatio hora por 30 años, supera con creces los US$3,800 millones. Luego, el 49 % de las acciones no deben ni pueden ser transferidas, bajo ningún concepto, por debajo de los US$1,800 millones”, advirtió.

Pretenden financiar venta al sector privado a 30 años 

Por otro lado, denunciaron que la operación de venta que se pretende realizar se hace más cuestionable, cuando bajo argucias financieras se busca financiar a 30 años al sector privado una planta rentable –ya que pagaría menos de un 10% de su valor de mercado- mediante una alquimia contable de asignación de US$1,750 millones de pasivos que serían considerados “costos operativos” de la central y descontados del pago de impuestos sobre la renta de la mencionada sociedad comercial Punta Catalina, S. A.

“Esto se convertiría en una graciosa transferencia de renta al inversionista privado, de alrededor de 875 millones de dólares, que en el caso actual irían en su totalidad a engrosar las arcas estatales. Muy diferente sería la transacción si el inversionista asumiera los US$1,750 millones como deuda privada y no de la sociedad comercial”, explicó.

Por último, La Fuerza del Pueblo manifestó que desea dejar claramente establecido que ante los inexistentes niveles de transparencia con que se han manejado todos los asuntos relativos a Punta Catalina, lo más prudente es que esta administración deje sobre la mesa estas “engorrosas e inexplicables transacciones financieras y comerciales para que, mediante decisión consensuada, sean ejecutadas, en caso de ser necesario, por las próximas autoridades a ser elegidas en las elecciones del año 2020”.