TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, REPUBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO, 14 DE DICIEMBRE, 2020. El presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, recibió en su despacho al ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente y al director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, quienes acordaron trabajar en conjunto para abordar temas de interés común relativos a los mecanismos necesarios para los servicios de justicia.

Entre los temas abordados, se destaca la posibilidad de la eliminación de las tasas judiciales a través de la derogación de las leyes 196-71 y 33-91.

Luego de un análisis realizado por el Poder Judicial, se llegó a la conclusión de que la recaudación de estas tasas es inferior al costo que representa cobrarlas, por lo que se consideran una traba para la justicia, que como manda la Constitución debe ser gratuita.

Además, en la reunión se propuso que mientras el Congreso Nacional aprueba la derogación de estas leyes, se estaría trabajando en un proyecto para la facilitación del cobro de tasas, que procura establecer un tarifario de tasas únicas para todas las materias e instancias y la posibilidad de realizar el pago en el portal del servicio judicial.

Con esto el Poder Judicial se propone abordar una estrategia integral que apunte a la solución de los retos citados anteriormente, contemplando medidas a corto, mediano y largo plazo. También se busca mitigar las dificultades de los usuarios y usuarias a la hora de realizar el pago de las tasas por servicio.

En las leyes 196-71 y 33-91 se establecen diversas tarifas de impuestos que los usuarios tienen que pagar para las distintas solicitudes y certificaciones que se expiden en cualquiera de los tribunales del país, y es por tal razón que el CPJ, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos buscan la eliminación de tales tasas judiciales.

Uno de los ejes del Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 20/24 del Poder Judicial es garantizar la justicia para todos los usuarios y usuarias. Es decir, facilitar el acceso a la justicia a aquellas personas en condición de vulnerabilidad