TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, REPÚBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO, 3 DE FEBRERO, 2021. Revertir la informalidad en el mercado laboral, superar los retos jurídicos y repensar de manera profunda la política social en la República Dominicana son parte de los desafíos para que las personas trabajadoras tengan mayor acceso a una protección social de mayor calidad.

Así lo expuso Santiago Levy, asesor regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante el panel sobre “Protección Social en América Latina y el Caribe, avances y retos en su Institucionalidad: considerando el contexto de COVID-19”, organizado por el Gabinete de Política Social, con el apoyo de varios organismos internacionales, en el marco del «Foro Internacional sobre Protección Social y su Institucionalidad».

El economista y especialista en políticas públicas indicó que es necesario estudiar la experiencia de la República Dominicana en las últimas dos décadas para entender por qué ha persistido la informalidad en el mercado laboral, y establecer qué cambios se requieren para implementar acciones que permitan el acceso a una protección social de mayor calidad para las personas trabajadoras, así como a empleos de mayor productividad.

Los hallazgos presentados se apoyan del trabajo que ha sido desarrollado por Sócrates Barinas y Hugo Ñopo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, sobre la capacidad redistributiva de los sistemas de seguridad y protección social en el marco del Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, que se presentará este año.

Según el experto, en la República Dominicana hay más trabajadores informales no pobres que pobres «por lo que es un error confundir la informalidad con la pobreza».

Además, dijo que el acceso a la protección social depende del estatus laboral del trabajador y su nivel de ingreso, es decir, programas contributivos versus no contributivos.

Levy indicó también que mientras persista la informalidad en el empleo, la protección social en la República Dominicana va a seguir siendo precaria.

“El problema central en materia de protección social en la República Dominicana hoy en día, es más la informalidad, porque lo que no ha ocurrido es una reducción de la informalidad a pesar de haber experimentado una reducción de la pobreza. El foco que debemos de tener al centro de la discusión es la incapacidad de la economía dominicana de reducir la informalidad”, dijo.

Los datos indican que el país ha sido uno de los pocos exitosos de América Latina en materia económica y junto a Panamá, ha tenido el desempeño económico más sobresaliente en la región, en las últimas dos décadas ha duplicado el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y al mismo tiempo ha hecho un esfuerzo importante en fortalecer la escolaridad de la población.

Sin embargo, Santiago reflexionó en que “debemos preguntarnos porqué el crecimiento económico no ha transformado el mercado laboral de la nación”. Recordó también que la gente que trabajaba en el sector informal era el 52% en el año 2000 y es alrededor del 55-57 % dos décadas después.

“Porqué después de dos décadas de crecimiento la informalidad en la Republica Dominicana no se ha movido, de hecho aumentó ligeramente, porqué ocurre eso a pesar de haber hecho grandes avances en materia de escolaridad. En una palabra, la respuesta es: porque las empresas y los trabajadores no están enfrentando los incentivos correctos, porque hay incentivos para mantenerse en el auto empleo y porque las empresas no tienen incentivos para ofrecer a sus trabajadores contratos con relación de dependencia y subordinación que en función del marco jurídico de la República Dominicana le daría acceso a la protección social contributiva”, explicó.

Resaltó que bajo el esquema de que muchos trabajadores a veces son formales y luego informales muy pocos llegarán a acumular los 30 años que establece la ley para poder optar por una pensión contributiva.

En el panel realizado de forma virtual, también expuso Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estuvo moderado por Inka Mattila, representante residente del PNUD y comentado por Pablo Acosta del Banco Mundial.

Martínez de CEPAL, puntualizó que en la región cada día hay mayor consenso en la necesidad de avanzar hacia sistemas universales e integrales de protección social, con un enfoque basado en derechos y sensible a las diferencias.

Además, indicó que en el país se observan avances importantes en cuanto a la institucionalización de la política social en todas sus dimensiones y que, a pesar de los logros, existen desafíos importantes para avanzar en la institucionalidad social en la región, tales como la consolidación de las bases jurídico–normativas para una garantía de efectiva de derechos, reconociendo brechas y especificidades.

El «Foro Internacional sobre Protección Social y su Institucionalidad» fue realizado con el fin de debatir innovaciones, evaluar logros alcanzados y vislumbrar respuestas y políticas para los nuevos desafíos que enfrenta la República Dominicana en materia de políticas sociales.