PLD exige al director de Presupuesto cumplir la Ley

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 26 de abril, 2021. No se descarta el sometimiento a la justicia del director de Presupuesto por violación a la Ley, explica José Dantés Díaz, del CP del PLD  Si el director general de presupuesto no cumple con lo establecido en la Ley General de Presupuesto, No. 237-20, promulgada por el presidente de la República, será responsable, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a los partidos políticos por su actuación u omisión administrativa antijurídica.

La  afirmación es de José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, quien le salió al frente a las declaraciones del director de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien reiteró a la Junta Central Electoral que el dinero asignado a los partidos políticos es de 630 millones de pesos.  Dantés Díaz recordó que  La Ley Orgánica de Presupuesto General Estado, promulgada por el Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial No. 10999, del 3 de diciembre de 2020, consigna en su página 20 un monto de RD$1,260 millones, 400 mil pesos, por concepto de aportes para los partidos políticos.

“No existe adenda alguna   de reducción de estos montos aprobada por el Congreso Nacional ni promulgada por el presidente de la República”,  apuntó Dantés Díaz en unas declaraciones divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.  Dijo que el  presidente de la República ni el director general de Presupuesto tienen la potestad de modificar sorpresiva y discrecionalmente los montos aprobados en la ley, ya que eso violaría el principio de seguridad jurídica.

“Exigimos que el director de Presupuesto y sus superiores cumplan con el principio de legalidad”, cerró el Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD sus declaraciones, con anterioridad había adelantado que no descarta la posibilidad de someter ante la justicia al director de presupuesto por violación a la Ley, con lo que compromete su responsabilidad civil, de acuerdo a mandatos de la Constitución.