TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 14 DE JUNIO 2021.- La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON) denunció este lunes a la opinión pública que el desfalco anunciado recientemente por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuido­ras de Electricidad, Andrés Astacio, supera los 30 mil millones. 

Eliseo Cristopher, presidente de COPYMECON, dijo que la institución que preside venía haciendo informes de veeduría trimestrales a las Edes durante los gobiernos pledeistas, que luego eran dados a conocer en rueda de prensa y enviados a los estamentos oficiales, a organismos internacionales y al episcopado dominicano. 

Por otro lado, Frank Guerrero, vicepresidente de COPYMECON, pidió al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas, que asuman las denuncias hechas por Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuido­ras de Electricidad, sobre una estafa de unos 30 mil millones de pesos en las empresas distribuidoras de electricidad.  

“Respaldamos el trabajo de saneamiento que está realizando el mencionado Consejo Eléctrico, pero creemos que deben profundizar más las investigaciones, ya que creemos que la suma mencionada se queda corta, con la magnitud de las acciones ilícitas realizadas por funcionarios del pasado gobierno”, destacó Guerrero. 

Con relación al anuncio del presidente Luis Abinader, sobre las importaciones de materiales de construcción, el presidente de COPYMECON, anunció que respalda esa decisión, porque hay que buscar todos los mecanismos para detener la escalada alcista de los precios de los materiales, ya que eso perjudica a la población adquiriente. 

“Apoyamos al presidente Abinader y condenamos que sectores se opongan a la importación de los materiales, porque los pequeños empresarios de la construcción no pueden asumir los altos costos, a raíz de que esto afecta a todo el sector, pero más afecta a los adquirientes, que dan el inicial para obtener un techo propio por un precio fijo y finalmente el constructor se ve obligado a subir los precios perjudicando al adquiriente”, puntualizó Cristopher. 

También destacó, que aún muchas instituciones deben ser saneadas y que los nuevos funcionarios tienen un deber con la sociedad, para que no quede impune ningún acto de corrupción o estafa al erario público. 

Finalmente subrayó, que todas las medidas que alivien las cargas de la población serán respaldadas por la institución que dirige, ya porque, la población no puede seguir cargando con las cargas que pretenden obligar algunos sectores de la sociedad.