La República Dominicana sale victoriosa en Arbitraje Internacional

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 5 DE OCTUBRE, 2021.  La República Dominicana obtuvo una decisión favorable ante la demanda interpuesta en su contra por la empresa de origen español Recalvi S.L., en el marco del Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre el Reino de España y República Dominicana. Dicha demanda se sustentaba sobre un supuesto incumplimiento contractual por parte de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), para el arrendamiento de autobuses a ser suministrados por Recalvi, S.L.

El 20 de septiembre del 2021, el Tribunal Arbitral emitió un laudo definitivo acogiendo las objeciones presentadas por el Estado dominicano y señalando un abuso de procedimiento por parte de la sociedad Recalvi, S.L. En ese sentido, el tribunal condenó a Recalvi, S.L. al pago de USD789,633.70 en favor de la República Dominicana, correspondiente al reintegro de todos los gastos del procedimiento, incluyendo los incurridos por la República Dominicana para su defensa y los honorarios de los árbitros.

El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), a través del Viceministerio de Comercio Exterior, estuvo a cargo de la coordinación de la defensa del Estado, como autoridad designada para estos temas en virtud de la Ley 37-17, que reorganiza el (MICM) y demás normativas complementarias.

Dicho equipo estuvo liderado por Leydilin Contreras (Directora de Prevención y Solución de Controversias), Yeli Martínez (Encargada del Departamento de Defensa Legal Internacional), Francisco Cordero (Director Jurídico de la OMSA) e integrado por Noelia Rivera y Sara Patnella de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y miembros de la Procuraduría General de la República. También participaron en dicha coordinación Anaibel Figueroa, Mary Díaz, Ninoska Coiscou, Escipion Oliveira, analistas de la DPSC.

La firma de abogados Linklaters LLP asistió al Estado dominicano, representada por los socios Christian Adrián Albanesi, Borja Fernández de Troncóniz Robles y los abogados Marta De Cara y Javier García-Bermejo.