TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 14 DE DICIEMBRE 2021-  El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del año 2022, ascendente a un billón 214 mil millones de pesos.

El presidente de la comisión Permanente de Presupuesto del Senado de la República, Milcíades Franjul, destacó que la pieza que, fue aprobada por la Cámara de Diputados, estuvo debidamente estudiada y analizada por la Comisión Bicameral que tenía a su cargo el estudio de la citada iniciativa.

En su artículo 5, el proyecto de Ley contempla erogaciones financieras consolidadas para el Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, constituidas por un monto de un RD$1,214,606,007,369.

La pieza contempla que las estimaciones de los ingresos y fuentes financieras consolidadas, constituidas por el Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ascienden a un monto de RD$1,155,565,310,650.

En la sesión de este lunes, los senadores iniciaron la lectura íntegra del proyecto de Ley sobre Gestión de la Ciberseguridad en República Dominicana, la cual fue leída hasta el artículo 9 inclusive. La pieza, propuesta por la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, quedará pendiente de ser sancionada en segunda lectura en la próxima sesión del Pleno.

La Ley tiene el objetivo regular la prevención, gestión y respuestas a las amenazas e incidentes de ciberseguridad y otros aspectos relativos a la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas en República Dominicana.

El documento señala que las tecnologías de información y comunicación desempeñan un papel imprescindible para las actividades económicas y sociales, y por tanto para el desarrollo del país.

Refiere que cualquier vulnerabilidad en las redes y sistemas de información que soportan los servicios que se ofrecen a través de las mismas representa un grave riesgo para que se materialicen amenazas o incidentes de ciberseguridad atentatorios contra la seguridad de dichas redes y sistemas de información que podrían interrumpir, parcial o totalmente, las actividades económicas del país, generando considerables pérdidas financieras y menoscabando la confianza de los usuarios.