Por la redacción

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 10MDR ABRIL, 2022. El director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad Y justicia (FINJUS) advirtió que la experiencia ha demostrado que quienes han auspiciado una reforma constitucional sin haber estado precedida de un pacto político, social y jurídico, han terminado muy mal.

Servio Tulio Castaño Guzmán dijo que la Finjus ha trabajado en dos reformas al texto sustantivo que son las de 1994 y 2010, y no lo hicieron en las del 2022 y 2015 porque no se puede modificar una Constitución si no hay un pacto político.

Castaño agregó que en las modificaciones que han resultado exitosas son en las que se produjeron los pactos políticos, social y jurídico.  Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el reconocido jurista recomendó que es mejor seguir socializando, porque hacerla sin eso no es bueno.

Sostuvo que la propuesta que ha hecho en sentido el Poder Ejecutivo hay que hacer muchas observaciones ya que se dan varias contradicciones. porque quita al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, le da a ese órgano poder de destituir a quien nombra, y transfiere a una norma quien va designar el titular del Ministerio Público, cuando los órganos constitucionales, desde la propia Constitución hay que establecer quien lo va a nombrar.

“Nosotros como Fundación hemos trabajado en dos reformas constitucionales, en la de 1994 y en la del 2010, nosotros no trabajamos en la del 2002 y la del 2015 y te voy a decir porqué, porque tu no puedes modificar una Constitución si no hay un pacto político, luego que se da el pacto político tiene que venir el pacto social, y luego viene el pacto jurídico, fíjate que las modificaciones que resultaron ser exitosas fue en las dos en donde se dieron esos tres fenómenos, en las otras dos, quienes propiciaron esas reformas terminaron mal”, argumentó Castaño Guzmán.

Sobre el móvil principal, de la independencia del Ministerio Público, que ha planteado el presidente Luis Abinader para reformar la Constitución, Servio Tulio aseguró que el componente político siempre va estar presente.

“Tu cree que si el Congreso es que va nombrar el procurador, tu cree que como quiera que sea el componente político no va a estar presente, la independencia, muchas veces, la define quien ocupa la posición”, señaló.  Aseguró que, “el procurador que sea nombrado y actúe al margen de la ley, partiendo del hecho de que lo quitan si no cumple con lo que un determinado sector quiere, no merece ser el jefe del Ministerio Público”.

“Si a una persona que lo nombren procurador, lo van a quitar del cargo porque no fue independiente, pues lo mejor que le pueda pasar a esa persona es que lo quiten”, insistió el director ejecutivo de Finjus.

En torno a lo externado por la magistrada Mirian German Brito en ese sentido, dijo que la actual procuradora, en gran parte, tiene razón sobre la inamovilidad por un periodo, pero tampoco eso garantiza nada con respecto a la independencia.    Director ejecutivo de Finjus dice en últimos retiros se pensionaron oficiales PN sin haberse cumplido con los requisitos    Servio Tulio Castaño Guzmán quien preside la Comisión de Reforma de la Policía Nacional reconoció que en los más recientes movimientos que se realizaron en dicha institución fueron pensionados oficiales que no cumplían con el periodo y los requisitos para que se les pensionaran.

“Bueno, ahora en este proceso, más que los que fueron ascendidos, los que fueron pensionados, ha habido muchas quejas, con razón, o sea, nosotros esperamos que una situación como esa no se vuelva a repetir, son quejas fundamentadas, gente que no había cumplido ni siquiera con el periodo, o con los requisitos para ser pensionados, fueron pensionados”, lamentó el director ejecutivo de Finjus.

Advirtió que cosas como esas no se pueden repetir, porque eso es lo que se está tratando desmontar, y dijo que esas cosas se dan porque faltaban los reglamentos, que ya están listos a los fines de que sean aprobados por el Consejo Superior Policial.  “Es decir, lo que pasó, es lo que siempre ha pasado, lo que queremos es que no vuelva a pasar”, sentenció Castaño Guzmán.

Reconoció que si los afectados deciden ir a los tribunales podrían ser reintegrados, pero el ministro de Interior y el director de la Policía están revisando para que, en aquellos casos, porque no fue en todos, a quienes se le violentaron sus derechos, vuelvan a la institución.  “Y tiene que ser así, y aquel que entienda que, habiéndosele violado sus derechos, y en este proceso de revisión entienda que no le han tomado en cuenta esos derechos, ahí está el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso ha sido muy activo en ese sentido”, sugirió el reconocido abogado.

Servio Tulio dijo que en la Comisión de Trabajo sugirió la creación de una comisión de juristas que no tuviera vinculada a la institución para que, en casos que el Consejo Superior Policial, por razones de mala conducta, separa a miembros de la Policía, esos casos se lleven en base del debido proceso.  Mencionó otro caso que se está estudiando, de un oficial que fue puesto en retiro y llevó su expediente al tribunal Constitucional donde obtuvo ganancia de causas, y ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Advierte en RD hay un problema porque jueces acogen el 90% de las medidas que pide el Ministerio Público.

El director ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaño Guzmán no critica que el Ministerio Público por cada infracción que cometa un ciudadano pida como medida de coerción la prisión preventiva, porque están adoctrinado para eso, y así se comportan hasta en los Estados Unidos.

“A mí lo que me llama la atención es que los jueces, en un 90 por ciento conceden las medidas que le solicita el Ministerio Público, aquí hay un problema”, alertó el representante de la sociedad civil.   Insistió en que no critica el Ministerio Público porque esa es su forma de ver la vida, pero se supone que hay un tercero que es el imparcial, que es el contrapeso del proceso.  “Entonces a mi lo que me está preocupando, más que el comportamiento en cuanto a las peticiones que hace el Ministerio Público, lo que me preocupa es que los jueces las concedan, yo soy garantista”, insistió Servio Tulio.

Aclaró que, “hay casos en que, por los niveles de peligrosidad, la personalidad de alguien que se le impute un crimen, o en un caso de violencia familiar que se demuestre que esa persona quiso matar a su pareja, en esos tipos de casos soy el primero que voy apoyar que se conceda la prisión”.  Sostuvo que, en casos, desde el punto de vista del proceso, similares a otros que fueron llevados en el pasado, a cuyos imputados sus casos se le conoció en libertad, y fueron condenados, cumplieron sus condenas como los hombres y nunca se quejaron.

Recordó que, “la ley es la ley y te pone como último ratio la prisión preventiva, como la excepción de las excepciones, porque como excepción está la prisión domiciliaria”.

Castaño Guzmán dejó en claro que no se está refiriendo a ningún caso específico, porque se trata de una visión institucional que no es defender a ninguna persona en particular.

“Evidentemente de que eso es preocupante, entonces qué trae como consecuencia eso, entre otras cosas, como nosotros tenemos un sistema penitenciar bipolar, un sistema que se corresponde a un nuevo modelo que está bajo el control del Ministerio Público, que no representa ni el 40% de la población penitenciaria, y tenemos un viejo modelo controlado por policías y militares, que no son recintos penitenciarios, sino cárceles”, detalló.

Explicó que en el nuevo modelo los niveles de reincidencias no sobrepasan el cinco por ciento, y en el viejo modelo es superior al 60%, y la prisión preventiva supera el 60 por ciento de los internos que hay en el país.  Entonces yo que lo que digo es, que, así como este gobierno ha querido transformar y modernizar a la Policía, lo va tener que hacer con el sistema penitenciario, pero en sentido general.

Reveló que el 70 por ciento del presupuesto de la Procuraduría General de la República va destinado a las cárceles, con más de 12 mil personas involucradas en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario en la República Dominicana.