TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 8 DE AGOSTO, 2022. El Tribunal Superior Administrativo (TSA), acogió un recurso Contencioso Administrativo, radicado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anulando la resolución de la Súper Intendencia de Electricidad (SIE), Núm. SIE-093-2021-TF, del 27 de octubre de 2021, decretando para los meses de noviembre y diciembre un aumento en la tarifa eléctrica de un 5% en promedio.

La cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, compuesta por los magistrados Franklin Concepción, Bayoan Rodríguez e Ismael Ramírez, fallo a unanimidad el referido recurso, estableciendo que la SIE, incurrió en vicio de forma, al inobservar y violar el debido proceso administrativo y el derecho fundamental de la participación de los ciudadanos en los actos administrativos, todo ello en desconocimiento de los artículos 69.10 y 138.2 de la constitución, además del artículo No, 31 de la ley 107-13, sobre los derechos de las personas en su relación con la administración.

Los abogados actuantes, Trajano Potentini, Henry Adames, César Noboa y Juan Tomas García, pese a no ser complacido en la totalidad de los pedimentos en el TSA, saludaron la decisión, en el entendido de que la misma deja sin efecto, por lo menos en inicio, un cobro de casi 800 millones de pesos, percibidos por las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDES), EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE, de manera ilegal e inconstitucional, como en su momento la entidad de sociedad civil lo había planteado.

La FJT explicó que, de conformidad con datos servidos, por el Ministerio de Energía y Minas, bajo la denominación de informe de desempeño, en su página web, en la siguiente dirección:https://mem.gob.do/category/sector-electrico/informe-de-desempeno/ donde informan que la facturación de los meses, noviembre y diciembre del 2021, ascendieron a 7,914 millones y 8,083 millones de pesos respectivamente, con un incremento estimado en un 5%, por efecto de la anulada resolución Núm. SIE-093-2021-TF, (395.7 en noviembre y 404.2 en diciembre), para un total de casi 800 millones de pesos, cobrados de forma ilegal, imponiéndose la obligación de devolver a los usuarios la referida cantidad.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini recordó que, desde el pasado año, a inicio de los aprestos por parte del gobierno, para incrementar la factura eléctrica, cada tres meses, hasta el año 2026, bajo el fundamento de la firma del Pacto Eléctrico, la entidad cívica y otras instituciones, como el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), le salieron al frente, incoando varias acciones judicial, conjuntamente con el sector social que participó en las discusiones del Pacto Eléctrico, dentro de las que se destacan,  recursos ante el Tribunal Superior Administrativo y Constitucional, aun a la espera del fallo, cuestionando precisamente la ilegalidad del Pacto Eléctrico , firmando sin haberse concluido, además de la no aprobación del sector social al negarse a firmarlo.

De igual forma advertimos de que el incremento en la tarifa eléctrica, para premiar y esconder la improvisación y mala administración en el sector (con aumentos de salarios y personal súper numerario), traería consigo un estallido social, además de la quiebra y descalabro, circunstancias hoy presentes y que llevaron al propio presidente de la república, Luis Abinader a dejar sin efecto los aumentos de los últimos meses de la factura eléctrica, todo ello refrendado por los escandalosos aumentos, también de los salarios de los directivos de algunas de las instancias del sector eléctrico, llevando incluso, al Superintendente de Electricidad a renunciar.

ODPP-UASD insta al gobierno a devolver y revertir todos los aumentos de la tarifa eléctrica por ser también violatorios a las leyes y constitución.

Finalmente, la FJT, conjuntamente con el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), se hicieron  acompañar de varios integrantes del sector social, dentro de ellos, la Hermandad de Pensionados de la CDE (HEPECOPDE), Articulación Campesina, Asociación Dominicana de Educación para la Protección del Consumidor (ADEPROCC), y el Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de la Educación (CONDETRE), acreditados en el aún inconcluso y cuestionado Pacto Eléctrico, quienes garantizaron que se mantendrán en guardia y luchando para encauzar por la institucionalidad y la transparencia el manejo de la cosa pública en el sector eléctrico, además Fernando Peña, en representación del  ODPP-UASD, insta al gobierno, a que devolver la totalidad de todo lo cobrado hasta la fecha, amparado en las sucesivas resoluciones de las SIE, las cuales indefectiblemente siguen la misma lógica de violación a los procedimientos administrativos y constitución de la república, como bien lo establece la referida sentencia.