El pedido del órgano acusador se produce después de que no cumpliera con el régimen de comparecencia periódica.

El expresidente debía presentarse ante el juzgado que lleva el caso Sinohydro, en el que está acusado de recibir sobornos para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país.

Moreno, que ejerce en Asunción como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, debía presentarse en Quito el 20 de marzo pasado.

El expresidente tiene que presentarse ante la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo al pedido de comparecencias quincenales impuesto por el juez Adrián Rojas.

Inicialmente la Fiscalía había pedido prisión para todos los acusados en este caso, pero no a Moreno y otras 12 personas mayores de 65 años.

La Constitución de Ecuador exonera de esa medida, pero el incumplimiento de la comparecencia periódica llevó al Ministerio Público a solicitar, ahora sí, su encarcelación.

Además de Moreno, la prisión provisional solicitada por la Fiscalía también recae sobre otras ocho personas acusadas por el mismo caso.

Están incluidas la ex primera dama y esposa del ex presidente, Rocío González, y una hija de ambos, Irina Moreno.

Lenín Moreno alegó problemas médicos

Moreno, que se desplaza en silla de ruedas, rechazó la petición del juez que le obligaba a viajar cada dos semanas a Ecuador.

Inclusive, el expresidente intentó evitarla a través de varios recursos que no generaron efecto a su favor.

El principal argumento esgrimido por Moreno era su delicada condición física, por lo que realizar viajes con frecuencia aparentemente le podría acarrear el riesgo de sufrir problemas de salud.

La audiencia de revisión de medidas solicitada por la Fiscalía fue suspendida y volverá a ser convocada nuevamente para que el juez Mauricio Espinosa informe sobre su decisión.

En total son 37 los acusados de cohecho en elcaso donde la Fiscalía estima que la empresa estatal china Sinohydro pagó 76 millones de dólares en supuestos sobornos.

El objetivo de estas coimas era la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la de mayor potencia del país, con 1.500 megavatios.

Los hechos sucedieron supuestamente cuando Moreno ejercía de vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017).

Rechaza acusación

El caso estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación.

En el artículo se relacionó a uno de los hermanos de Moreno con cuentas en paraísos fiscales y una propiedad en Alicante (España), en una triangulación de una empresa opaca.

En ese informe se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que relacionaban a Moreno con la empresa INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía.

Moreno negó esa acusación y sugirió que esta obedece a una estrategia política de Rafael Correa, su principal rival político en su país.

Correa reside en Bélgica y que ha sido condenado en 2020 por la Justicia de Ecuador por cohecho en otro caso de corrupción.

También ha negado tener algo que ver con la residencia en Alicante así como con las formas con las que se pagó la construcción de la central.