Las primeras 24 horas de Trump: Eliminar ciudadanía por nacimiento e indultar insurrectos

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, WASHINGTON, 11 DE DICIEMBRE, 2024.- Eliminar la obtención de la ciudadanía por nacimiento e indultar a los encausados por el asalto al Capitolio forman parte de la batería de medidas que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, promete promulgar en su primer día en la Casa Blanca y que definirán su segundo mandato.
El próximo 20 de enero al mediodía, el republicano será investido en la escalinata del Capitolio como sucesor de Joe Biden y luego se dirigirá a la mansión presidencial para firmar una serie de órdenes ejecutivas (decretos) de gran calado pero que podrían enfrentar desafíos legales.
Durante la campaña electoral, Trump bromeó con que sería un «dictador» en su primer día en el poder y lanzó una cuarentena de promesas como «cerrar la frontera» o aumentar la producción de combustibles fósiles.
Suprimir la ciudadanía por nacimiento
Gran parte de la atención está centrada en lo que quiere hacer en inmigración el republicano, quien quiere sacudir el sistema migratorio del país y llevar a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos.
Trump asegura que, al poner un pie en el Despacho Oval, pondrá fin a la ciudadanía por nacimiento – un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución- para evitar que los hijos de los indocumentados adquieran la nacionalidad.
En una entrevista con NBC News emitida el domingo, Trump confirmó que quiere eliminar esa enmienda en su primer día, porque, dijo, Estados Unidos es «el único país que la tiene», aunque hay una treintena de países más que conceden ese derecho a los nacidos en su territorio, incluidos la mayoría de los de América Latina.
Para modificar la Constitución se necesita el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la enmienda sea ratificada por tres cuartas partes de los 50 estados del país.
El plan de deportaciones masivas de Trump también genera dudas por la dificultad logística de llevar a cabo redadas en busca de los más de 11 millones de personas indocumentadas que viven en el país, muchos desde hace décadas, además de que conllevaría varios desafíos legales y un fuerte coste para la economía estadounidense.