MADRID, 27 de octubre, 2013. -Decenas de miles de personas se concentraron este domingo en Madrid, convocadas por las víctimas de ETA, para reclamar “justicia” tras la sentencia de los jueces de Estrasburgo que podría liberar a decenas de miembros del grupo armado vasco.

Llamados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), principal representante del colectivo, y con el apoyo expreso del Partido Popular, la derecha en el poder, la multitud se congregó en la gran esplanada de la plaza de Colón, en el centro de la capital.

Con los acordes del himno nacional sonando por los altavoces, muchos manifestantes ondeaban las centenares de banderas españolas, símbolo de la unidad del país.

Mientras, un miembro de la organización gritaba “contra ETA” por la megafonía general, consigna acogida con aplausos en la plaza.

“Los criminales tienen que pagar”, afirmaba una manifestante de 71 años, María Luisa Guisado, que iba con su marido y otra pareja de amigos jubilados, todos con pequeñas banderas en sus manos.

“No somos víctimas, gracias a Dios, pero estamos aquí por lo menos para apoyar a las víctimas. Ojalá sirviera de algo”, añadía.

Las asociaciones de víctimas de ETA protestan contra la sentencia del 21 de octubre del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, que ha permitido la puesta en libertad de Inés del Río Prada, una militante del grupo separatista condenada a 3.828 años de prisión, por 24 asesinatos, de los que ha cumplido 26.

Los jueces consideraron “ilegal” la prolongación a partir de 2008 de su encarcelamiento, posibilitado por la aplicación de la doctrina Parot, un sistema de cómputo de la reducción de penas aplicado con retroactividad en España desde 2006, que afectaba a los presos con múltiples condenas.

Si esta decisión sienta jurisprudencia, la justicia española podría verse forzada a liberar a decenas de detenidos de ETA.

En un país donde el recuerdo de la violencia aun persiste muy vivo –el último atentado mortal en España data de 2009–, la sentencia del tribunal europeo ha encendido la polémica.

Presionado por la indignación de las asociaciones de víctimas, un importante lobby conservador, el jefe de gobierno Mariano Rajoy calificó de “injusta” la decisión, mientras su partido se unía a la llamada de AVT para manifestarse.