SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 07 de Diciembre, 2013. -La Cancillería de la República Dominicana ha analizado las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  emitidas tras la conclusión de su misión a la República Dominicana.

Tras conocer el comunicado del CIDH, la Cancillería manifiesta su disconformidad y desagrado con el informe vertido, por considerar que muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país.

 Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el Tribunal Constitucional.  Al mismo tiempo, recordamos una vez más que el gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por tanto, acata lo estipulado por el Tribunal.

 Agradecemos la mención que la CIDH realiza en torno a los avances logrados en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos en nuestro país.  Sin embargo, lamentamos el escaso reconocimiento y relevancia que la Comisión otorga a los esfuerzos realizados por el gobierno para alcanzar una solución justa y legal a la situación planteada por dicha sentencia.

 Entendemos, además, que poner en marcha el Plan de Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a toda la población residente en nuestro país.

 Se cumple, así, el objetivo de dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular. Esto permitirá, tanto ejercer la soberanía nacional, como dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen.

 Adicionalmente, y con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos los individuos en nuestro país, el gobierno trabaja en medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley de Naturalización Especial.

 Queremos también señalar que, si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, estas son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población. Esta situación, si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse.

 Así mismo, reafirmamos que cualquier víctima de abuso o discriminación cuenta con los mecanismos legales a su disposición para denunciar cualquier hecho de este tipo y con el apoyo de nuestro Estado de Derecho.

 En lo relativo a la situación de marginalidad y pobreza en la que se encontrarían muchos migrantes en la República Dominicana, es justo señalar que, lamentablemente, es una situación compartida con miles de ciudadanos dominicanos que aún viven en condiciones de pobreza. Esto no ha impedido, sin embargo, que nuestro país extienda solidariamente servicios como los de salud pública o educación a más de medio millón de migrantes.

 En este contexto, deseamos resaltar que el gobierno de la República Dominicana ha puesto en marcha un programa de gobierno cuyos ejes centrales son el combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Programa que beneficia por igual a todos los habitantes del territorio, independientemente de su origen.

 No está de más recordar también que, desde que se conoció la Sentencia 168-13, el Presidente Medina y su equipo de gobierno han tomado numerosas disposiciones para buscar soluciones y proteger los derechos adquiridos de los afectados.

 Entre estas medidas destacamos:

 – Estudió el asunto con el presidente de la Junta Central Electoral, órgano constitucional que tiene a su cargo la Administración del Registro Civil en República Dominicana, a quien solicitó agilizar las tareas que le encomendó la sentencia del Tribunal Constitucional en lo que respecta a identificar las personas alcanzadas por la sentencia, a fin de facilitar los trabajos del Consejo Nacional de Migración para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

 – Convocó y presidió una reunión del Consejo Nacional de Migración, iniciándose formalmente los trabajos para la elaboración del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

 – Conformó una comisión de alto nivel para que expresara directamente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su voluntad de garantizar el respeto de la dignidad humana de los afectados con la decisión jurisdiccional.

 – Instruyó a los Ministros de Educación, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Salud y Trabajo, a disponer, en favor de los afectados, las medidas administrativas necesarias que les permitan continuar accediendo a los servicios básicos de sus respectivas competencias.

 Y, finalmente, a menos de dos meses de que se conociera la sentencia, ha puesto en marcha en tiempo récord el proceso de regularización y planteará asimismo otras medidas adicionales que permitirán llevar una solución coherente, justa y apegada a los derechos humanos a todas las personas afectadas por la misma.

 No podemos evitar, por tanto, cierta decepción por lo que consideramos una visión parcial de la realidad que vive nuestro país por parte de la comisión, así como un escaso reconocimiento de los esfuerzos del Gobierno Dominicano por encontrar soluciones y garantizar los derechos humanos y fundamentales de todas las personas que habitan en nuestro territorio.

 Reiteramos, además, nuestra firme voluntad de seguir trabajando, dentro del cumplimiento de nuestro régimen constitucional, para que la sentencia no altere el compromiso del país y de su Gobierno con el más estricto respeto por los derechos humanos y adquiridos de todas las personas que habitan en nuestro territorio.