Palma (España), 15 enero, 2014. (EFE).- La imputación de la segunda hija del rey Juan Carlos por un presunto delito fiscal genera discrepancias entre el juez instructor del caso y el fiscal que representa a la acusación pública.

El pasado 7 de enero el juez José Castro decidió convocar como imputada a Cristina de Borbón para que declare en relación con las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin, quien presidió el llamado Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro, y al que se investiga por el supuesto desvío de fondos públicos.

El fiscal del caso, Pedro Horrach, acusó hoy al juez Castro de apoyarse en una «teoría conspiratoria» para imputar a la infanta Cristina ya que, a su juicio, cuestiona la fiabilidad de los informes de la Agencia Tributaria en los que se descarta que la hija menor del Rey haya cometido delitos fiscales.

Por ello, ha solicitado al instructor que, antes de la declaración como imputada de la infanta, prevista para el 8 de febrero, tome declaración como peritos a los inspectores de Hacienda que han investigado la actividad económica de la infanta en una empresa de la que es copropietaria junto con Urdangarin.

El acusador público considera «imprescindible» que se aclaren las dudas sembradas por Castro en su auto de imputación sobre la veracidad de sus investigaciones.

En opinión de Horrach, el juez se apoya en una «teoría conspiratoria» para «justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación» de la hija menor del Rey, vertiendo sobre los funcionarios de Hacienda «imputaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios».

La fiscalía renunció a presentar recurso contra la imputación de la infanta tras renunciar a ello la propia hija del rey.

Mientras tanto, a menos de un mes de la declaración de la infanta como imputada, el debate político y mediático en España está en torno a si Cristina de Borbón podrá entrar en los juzgados de manera discreta, en coche a través del garaje, o si tendrá que recorrer a pié el centenar de metros desde la calle hasta la puerta de entrada del edificio.

Su marido tuvo que pasar por esta segunda opción y se vio expuesto a los gritos en su contra de ciudadanos que esperaban ante el juzgado y a la presión de los medios de comunicación.

Frente a quienes defienden que la infanta debe ser tratada como cualquier otro ciudadano algunos políticos abogan porque acceda al juzgado de modo discreto para evitar una castigo público que ven innecesario e injusto.

El decano de los jueces de Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) será el encargado de establecer la forma de acceso de Cristina de Borbón al recinto judicial. EFE