QUITO, 25 de enero, 2014. -El presidente de Ecuador, Rafael Correa, negó el viernes que haya una renuncia masiva de médicos de salud pública en su país, que amenazan con hacerlo si es que se tipifica la mala práctica profesional en el código penal, e insistió en que no cederá ante lo que tildó de presiones.

“Hemos tenido que monitorear la aparente situación de emergencia que se está viviendo en el país por la supuesta renuncia masiva de médicos por la discusión, todavía ni siquiera está aprobado, del nuevo código integral penal”, dijo el mandatario a la prensa en la localidad de Gualaceo (sur).

Correa señaló que “sólo existe una renuncia, de un médico” del hospital Pablo Arturo Suárez, un establecimiento que atiende a un 5% de la población de Quito y sus alrededores.

Correa añadió que empero “es claro las manifestaciones de algunos dirigentes gremiales” de los galenos y llamó a los ecuatorianos a estar atentos frente a una politización del tema.

El jueves, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Alberto Narváez, declaró que el anuncio de renuncias de médicos de varios sanatorios del país tiene un “efecto dominó” y que hasta el lunes habría “más de 1.000 médicos, todos especialistas irreemplazables, renunciantes”.

“Sabremos salir adelante de esta pretendida crisis”, indicó el gobernante, apuntando que “no nos doblegaremos ante medidas de fuerza vengan de donde vengan” y que “los médicos son libres de hacer lo que crean conveniente de acuerdo a su conciencia”.

Enfatizó que “no excluimos, si las cosas se agravan, (declarar el) estado de emergencia. Ya tenemos una lista de cerca de 750 especialistas de países amigos dispuestos a venir a trabajar en el país”.

En diciembre, el Congreso de mayoría oficialista aprobó en segundo y definitivo debate y después de más de dos años de discusión, un código penal que tipifica unos 70 nuevos delitos, entre ellos el feminicidio, la mala práctica profesional y el sicariato.

Correa vetó algunos artículos y devolvió el texto para su aprobación, que establece la pena de uno a tres años de cárcel por homicidio culposo por mala práctica profesional. La medida incluye a todos los profesionales, no solo a los del sistema de salud.

Los médicos alegan que prestan un servicio de alto riesgo, del que no está exenta la muerte del paciente, y que no por ello deben ser criminalizados.