SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA,  24 de marzo, 2014. -El presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas denunció que el plan de construcción masiva de viviendas de bajos costos destinadas a la clase pobre, prometido por el presidente Danilo Medina no se ha podido ejecutar por las trabas que está poniendo la Dirección General de Impuestos Internos.

El licenciado Fermín Acosta recordó que conforme a la ley 189-11 para el Fomento del Mercado Hipotecario y Fideicomiso y su reglamento de aplicación contempla que Impuestos Internos tiene que entregar unos bonos para la construcción de viviendas económicas.

Agregó que hasta la fecha esa institución no ha cumplido con esa disposición por lo que la promesa del primer mandatario no se ha podido ejecutar cabalmente por la retranca que impone la DGII.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Acosta recordó que en vista de inobservancia de Impuesto Internos, El presidente Medina tuvo que emitir un decreto para que el Ministerio de Haciendas dispusiera de dichos instrumentos para que su promesa no cayera en el vacío.

El dirigente empresarial dijo que otra cosa que no se ha cumplido a cabalidad, y que lo estipula la citada legislación es la creación de la ventanilla única para el incentivo a la construcción de viviendas a bajo costos.

“Por lo tanto yo creo que ante el tranque que se ha creado, lo que procede es que se modifique la ley 189-11 para el Fomento del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, para que se excluya de la misma a la Dirección General de Impuestos Internos”, explicó el presidente de ACOPROVI.

El empresario de la Construcción recordó que en la República Dominicana hay actualmente un déficit de viviendas que supera las 986 mil, a lo que hay que agregar que hacen falta entre 400 y 600 mil de calidad.

Sostuvo que de acuerdo a los estudios que se han realizado, el 60 por ciento de los dominicanos carece de recursos para adquirir una vivienda, mientras que del 40 restante, alrededor del 60% no tiene acceso a crédito para financiar su casa.

El presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas dijo que en la actualidad se hacer urgente la construcción de 68 mil soluciones habitacionales.

El licenciado Fermín Acosta calificó como preocupante el hecho de que el 70 por ciento de las viviendas que hay en el país son informales, lo que implica que no han sido construidas con los estándares de calidad requeridos.

Dice hacen esfuerzo para dominicanizar mano de obra en construcciones de viviendas

Los constructores de viviendas están haciendo un esfuerzo por dominicanizar la mano de obra que se utiliza en ese sector, que en la actualidad en su mayoría está compuesta por trabajadores haitianos.

Sin embargo Fermín Acosta desvinculó a ese sector del éxodo masivo de inmigrantes haitianos que cruza la frontera en busca de trabajo, ya que según él esa es una responsabilidad de las autoridades de migración.

El presidente de ACOPROVI rechazó que en las construcciones de viviendas se contrate masivamente a indocumentados haitianos porque esa mano de obra es más barata que la dominicana.

Acosta aclaró que en ese sector es donde se paga el salario mínimo más alto del país, y que tanto a los dominicanos como los haitianos se le paga la misma cantidad de dinero por igual trabajo realizado.

El dirigente empresarial calificó como una fábula las versiones que dan cuenta que ingenieros que contratan indocumentados haitianos, esperan la fecha del pago para llamar a las autoridades de migración para que repatrie esos ciudadanos y no le paguen el dinero que se ganaron.

En otro orden el presidente de ACOPROVI cuestionó la transparencia con que se manejan los recursos que van al Fondo de Pensiones a los Trabajadores de la Construcción.

Fermín Acosta dijo que la entidad que dirige solicitó a la Contraloría General de la República para que le diga si los directivos que han manejado miles de millones de pesos cumplen con los requisitos que establece la ley de que deben rendirle un informa anual a esa institución, y en la misma le aseguraron que no habían recibido nada de eso.

Agregó que debido a esa falta de transparencia y a que constituye una doble tributación, varias entidades ligadas a la industria de la construcción han solicitado al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad de la ley 6-86 ya que choca con la ley 87-01.

Recordó que desde por concepto de la citada ley, a dicho fondo hay que asignarle el uno por ciento de todas las obras, públicas y privadas, que se ejecutan en el país, y el mismo porcentaje se le descuenta a los trabajadores de esa industria para lo mismo fines.