SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA,  07 de mayo, 2014. -La Procuraduría General de la República  informó que el interno Francisco Heredia Reyes, quien cumple una condena de quince años de prisión por homicidio en el penal de Najayo Hombres, no ha sido torturado por agentes penitenciaros encargados de la seguridad de ese centro, como se había denunciado a través de varios medios de comunicación.

El hecho fue investigado por la Unidad de Derechos Humanos de la institución, que dirige la magistrada Danissa Cruz, quien rindió un informe sobre las indagatorias hechas tanto al personal de seguridad de  dicho centro, como al privado de libertad, quienes fueron interrogados por separado en torno al caso.

El informe establece que el interno cumple una medida disciplinaria de treinta días en la celda de reflexión del centro correccional impuesta por la comisión de evaluación y sanción del recinto, luego que les fueran ocupadas en su poder sustancias controladas, consistentes en dos porciones de marihuana y una de cocaína, que de acuerdo a declaraciones de Heredia Reyes, pretendía utilizar para su consumo, lo cual está prohibido dentro de las reglas del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, sistema al que pertenece dicho centro de corrección.

Precisa que durante el desarrollo de la entrevista, el interno declaró que nunca ha sido objeto de ningún tipo de tortura en los siete años de reclusión que lleva hasta la fecha en el centro de corrección y rehabilitación, al tiempo que expresó que su madre hizo la denuncia porque escuchó comentarios que hicieron amigos en ese sentido, quienes aseguró, exageraron, y que su progenitora, como es natural, se preocupó.

Además, luego de evaluar la denuncia, las entrevistas y los documentos, la comisión investigadora llegó a la conclusión de que se cumplieron los procedimientos establecidos para que el interno fuera llevado por un período de 30 días al área de reflexión del recinto.

Tras las indagatorias, se determinó que Heredia Reyes, de 26 años de edad, es reincidente en  ese tipo conflictos con las normas de reclusión establecidas por el Modelo Penitenciario, señala el informe.

Las labores investigativas del caso hecha por el organismo de los Derechos Humanos de la PGR, estuvieron a cargo del licenciado Álvaro José Caamaño Díaz, coordinador nacional de Protección y Atención al Ciudadano.