SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA,  27 de mayo, 2014. -La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) denunció ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) graves distorsiones en el funcionamiento interno de la Jurisdicción Inmobiliaria, que según advirtió, provocarían su colapso en menos de dos años.

Entre dichas anomalías mencionó un aumento desbordado de los expedientes, dilación en los registros de títulos, mora judicial, falta de coordinación interinstitucional y carencia de recursos,

Dijo que la grave crisis que afecta a ese importante eje de la seguridad jurídica y la economía de la República Dominicana fue provocada por el estancamiento y deterioro progresivo de los cambios introducidos por la reforma iniciada con la promulgación de la Ley 108 del 2005 de Registro Inmobiliario.

«A pesar de que el derecho de propiedad juega un rol esencial en el desarrollo social y económico, que su eficiencia se encuentra directamente vinculada al funcionamiento general de su modelo de gobierno, en la actualidad existe una alta preocupación, debido al incorrecto funcionamiento y regulación que se observa en nuestro sistema de justicia inmobiliaria», señala en un informe entregado al presidente de la SCJ, Mariano Germán.

Sostuvo que, si bien es cierto que el proceso de reforma alcanzó avances visibles, no menos es la existencia de distorsiones que ameritan la intervención del Poder Judicial.

Citó entre ellas, la larga duración de los procesos de deslinde, el traslado o sustitución injustificadas de técnicos especializados, debilidades en el sistema de estadísticas, vacíos legales y técnicos en sectores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC), y la falta de aplicación del diagnóstico catastral descrito en el Reglamento General de Mesuras Catastrales.

Asegura que el Reglamento de Mensuras Catastrales no se revisa desde el 2009.

Señala, además, la falta de unificación de criterios entre los actores del sistema para el posesionamiento de las parcelas, dificultades en la implementación del Sistema de Gestión y Automatización Registral, así como la necesidad de dotar de un estatuto legal en base a la ley, a la unidad de Cartografía.

Asimismo, considera urgente la implementación de un proceso administrativo adecuado, para que la DNMC realice una inspección cartográfica para determinar la validez o no de las parcelas solapadas, y proceder a notificar por oficio al Tribunal de Jurisdicción Original.

«Nos exponemos a que en menos de 2 años colapse el sistema judicial inmobiliario, Si ese colapso se produjera, constituiría el más grave atentado a la seguridad jurídica y estabilidad económica que el país podría sufrir, con consecuencias catastróficas», subraya.

También identifican con un factor negativo el continuo choque entre el sistema de derecho civil de origen francés y el de registral (australiano) que no se han podido integrar plenamente.

Asimismo, considera que lamentablemente la combinación de factores internos y externos al Poder Judicial ha limitado el efecto de los años de reforma inmobiliaria, la cual entiende debió tener un mayor impacto en la actualidad.