MADRID, 18 de Junio, 2014. -El rey Juan Carlos sanciona este miércoles su abdicación, poniendo fin a 39 años de reinado que permitieron a España afianzarse como una democracia moderna después de la dictadura franquista pero empañados en los últimos años por los escándalos y la crisis.

En su último acto como monarca, Juan Carlos, de 76 años, tiene previsto firmar a las seis de la tarde (16H00 GMT) la ley de abdicación aprobada previamente por los diputados y los senadores, avalando su decisión, anunciada el 2 de junio, de ceder el trono a su hijo Felipe, para renovar la institución con el impulso de una “nueva generación”.

El heredero, de 46 años, se convertirá a partir de medianoche en el nuevo monarca, bajo el nombre de Felipe VI.

La firma de la abdicación se llevará a cabo en el majestuoso Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, en “un acto solemne y corto, en el que no está previsto que haya palabras”, señaló la Casa Real.

Asistirán a la ceremonia la reina Sofía, Felipe y su esposa Letizia, sus hijas Leonor y Sofía, la infanta Elena (hija mayor de Juan Carlos) y 160 invitados entre expresidentes de gobierno, representantes del ejército, la patronal, los sindicatos y el mundo académico.

Aunque no está previsto ningún discurso, la Casa Real no descarta que Juan Carlos, que aún anda apoyado en una muleta, tenga un gesto hacia su hijo para simbolizar el paso del testigo en la jefatura de Estado, un hecho inédito en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

La ley firmada será refrendada por el jefe de gobierno conservador, Mariano Rajoy, que el martes se felicitaba por la normalidad con la que transcurrió el proceso de sucesión, a pesar de la reivindicación de sectores republicanos de celebrar un referéndum sobre la monarquía.

Madrid se engalana

Con el uniforme de gala militar y luciendo el fajín de seda roja correspondiente a su nuevo papel de capitán general de los ejércitos, Felipe asumirá el jueves el trono jurando fidelidad a la Constitución de 1978 en el Congreso, ante los diputados y senadores.

Sin invitados extranjeros y en ausencia del propio rey Juan Carlos, que quiso ceder el protagonismo a su hijo, la jornada, exclusivamente laica, intentará combinar la sobriedad requerida por los tiempos de crisis con la proximidad con una ciudadanía que empieza a cuestionar la institución.

Tras pronunciar su primer discurso como rey y presidir un desfile militar, Felipe y la reina Letizia recorrerán en coche el centro de Madrid, que se engalanaba este miércoles en su honor.

Cerca de 16.000 geranios, crisantemos, lirios y petunias decorarán las calles de Madrid junto a centenares de banderas españolas de color rojo y amarillo.

Una pantalla gigante retransmitirá en directo la ceremonia desde la plaza de Oriente, donde se espera que acudan unas 10.000 personas para como los reyes, junto a Juan Carlos y Sofía, salgan al balcón del edificio para saludar a la multitud.

Alrededor de 7.000 policías garantizarán la seguridad de la jornada. Pequeñas manifestaciones prorrepublicanas fueron convocadas en señal de protesta pero las autoridades las prohibieron.

Una recepción con 2.000 invitados y embajadores extranjeros cerrará la jornada para celebrar el primer cambio en la jefatura de Estado desde la muerte del dictador Francisco Franco y la coronación dos días más tarde de Juan Carlos, quien había sido nombrado su sucesor en 1969.

El crédito de la monarquía, fundamental en esos inestables años para impulsar la transición democrática, decayó en la última parte de su reinado por escándalos como la imputación judicial de su hija Cristina o la costosa cacería a Botsuana del monarca, en plena crisis económica.

Recuperar el prestigio perdido es el difícil reto que se abre ante Felipe VI que, aunque dispone de una buena imagen ante los españoles, tendrá poco poder de decisión para abordar los principales problemas del país.

El más urgente parece ser el desafío independentista catalán, donde al gobierno autonómico convocó para el 9 de noviembre un referéndum al que Madrid niega cualquier validez legal.