SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 29 de octubre, 2014. -El Senado convirtió este miércoles en ley el Proyecto que extiende  A 90 días el plazo otorgado por la Ley 169-14 a los extranjeros que quieran acogerse al Plan de Regularización implementado por el Gobierno.

La pieza fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados, tras vencer ayer el plazo para que los extranjeros someter sus documentos para regularizar sus estatus.

El senador Dionis Sánchez dijo que este plan permitirá que cientos de haitianos continúan llegando al país en busca de regularizarse en el país, «y por eso no voy a votar para permitir que esta llave siga abierta y sigan ingresando miles de haitianos para nacionalizarse en el país».

Por la pieza en primera y segunda lectura votaron 13 senadores de 18 que habían presentes en el hemiciclo.

La iniciativa fue incluida en la orden del día a solicitud del senador por Azua, Rafael Calderón, moción que también fue secundada por la presidenta del hemiciclo, Cristina Lizardo, quien pidió que esta fuera declarada de urgencia.

Rn comunicación, el presidente Danilo Medina, en comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, admite que es pequeño el porcentaje de la población inmigrante que ha acudido a las oficinas de regularización.

Expresa que tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros como los procedimientos contemplados en la ley No. 169-14 son políticas públicas sin precedentes en la historia de la República Dominicana, por lo que su implementación ha representado un gran reto institucional, logístico y organizacional.

Adujo que el Gobierno ha puesto en marcha 24 oficinas de regularización de extranjeros en distintos puntos y emprendido una campaña de difusión y publicidad para informar a la población inmigrante sobre la necesidad de la regularización y las vías para llevarla a cabo.

Enfatizó que la complejidad y novedad del proceso “han limitado la apropiada y suficiente difusión del alcance de las normas y los beneficios de las mismas”.

También expone que debe tenerse en cuenta que “los grupos poblacionales a quienes están dirigidos los procesos se encuentran, a menudo, limitados por la marginalidad y la exclusión”, motivo por el cual “apenas unas 1,500 personas se han acercado a las oficinas abiertas en todo el territorio nacional para solicitar su registro al amparo de esta legislación” en los 90 días inicialmente dispuestos por el reglamento de la ley.

Sostiene en la misiva que “la aplicación de estas iniciativas no solo redundarán en beneficio de las personas involucradas, sino que es de un alto interés estratégico para el Estado Dominicano su correcta implementación, desde el punto de vista de la seguridad, el orden y el registro efectivo y riguroso de todas las personas que habitan nuestro país”.