SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 11 de Noviembre, 2014. -Como “de trascendental importancia para el sistema penitenciario de República Dominicana”, ha definido el procurador general, Francisco Domínguez Brito, el envío por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, del Proyecto de Ley Orgánica que regula el sistema correccional dominicano.

Domínguez Brito destaca que con la acción, el presidente Danilo Medina demuestra su interés y sensibilización en cuanto al tema carcelario del país, el cual a su juicio, es neurálgico y vital para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, considerando que las personas privadas de libertad, deben ser tratadas bajo un régimen de atención integral que permita su rehabilitación y posterior reinserción social y laboral.

“Agradecemos al presidente Danilo Medina que haya dado prioridad a este tema de tanta importancia, ya que con el envío de dicho anteproyecto de ley, el país se aboca a cerrar todo un capítulo en la historia del sistema carcelario, en donde estaremos construyendo el futuro de una sociedad más segura, considerando que los recintos penitenciarios no estarán funcionando con el único propósito de hacer cumplir una condena, sino de transformar en positivo internamente a los privados de libertad”, expresa el Jefe del Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.

Asegura que de aprobarse dicho proyecto de ley, se estaría cerrando el paso en gran porcentaje a la reincidencia de quienes por una razón u otra han infringido la ley penal, ya que bajo la modalidad de centros correccionales se estaría trabajando con los privados de libertad en su capacitación educacional, la reflexión, el soporte espiritual y un seguimiento oportuno que permita abrirle los ojos a otro estilo de vida más digno y lejos de actos delincuenciales, conjuntamente con el fortalecimiento de los vínculos familiares de cada uno de ellos.

El Instituto Nacional de Servicios Correccionales (INSEC) sería un organismo desconcentrado de la Procuraduría General de la República, con autonomía presupuestaria, administrativa y financiera, que regirá el Sistema Correccional de la República Dominicana.

El proyecto contempla para el funcionamiento del sistema correccional, la conformación de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios, la Inspectoría General del Sistema Correccional y la Capellanía General Correccional, en cuyos estamentos estarían además involucrados los ministerios de Salud, Educación, el de Defensa, entre otros, así como la figura del Procurador General Adjunto Penitenciario.

Entre los “considerandos”que contiene el anteproyecto, se destaca que “el Estado dominicano ha suscrito y ratificado tratados y convenios internacionales que establecen compromisos ineludibles para la nación dominicana, en materia penitenciaria”; y destaca “el avance del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de la República Dominicana, señalando que ha logrado resultados altamente positivos en la corrección, rehabilitación y reinserción social de los internos e internas, que han recibido programas integrales de tratamiento, en base a la educación, terapias ocupacionales y valores éticos y morales”.

Igualmente resalta que “el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de la República Dominicana ha sido reconocido y asumido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como referencia para Latinoamérica y el Caribe, por su eficacia en la corrección, rehabilitación y reinserción social de las personas en conflicto con la Ley Penal”.
El funcionamiento del sistema correccional estará integrado por el Consejo Nacional de Servicios Correccionales (CNSC), el Instituto Nacional de Servicios Correccionales (INSEC), la Academia Superior de Estudios Penitenciarios (ASEP), la Inspectoría General del Sistema Correccional y la Capellanía General Correccional.

El propósito de dicha ley es fortalecer y desarrollar en su máxima expresión, el sistema penitenciario del país, garantizando desde una óptica integral, la rehabilitación de los y las privadas de libertad en todo el territorio nacional, apegados al respeto a la dignidad, la no discriminación y bajo las garantías de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.