SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 01 de abril, 2015. -El Ayuntamiento de Santiago incumplió disposiciones legales y contables en el 2012, lo que provocó efectos distorsionantes importantes en su Estado de Ejecución Presupuestaria que involucran más de 220 millones de pesos.

Los auditores de la Cámara de Cuentas emitieron una opinión adversa del informe de auditoría alegando que el estado de ejecución presupuestaria del ayuntamiento de Santiago no presentó razonablemente en todos los aspectos importantes los ingresos y desembolsos de conformidad con las normas de contabilidad del sector publico emitidas por Direccion General de Contabilidad Gubernamental con la Ley Organiza de Presupuesto 423-06 y el manual de clasificadores presupuestarios para los ayuntamientos.

Entre las inobservancias de este cabildo se encuentran incumplimiento de contratos por recolección de residuos sólidos por más de 147 millones de pesos, erogación a regidores por supervisión de obras de 3.6 millones de pesos, combustibles suministrados a recolectoras de residuos sólidos sin deducirlo de sus facturaciones por un monto de 5.6 millones de pesos y entrega de recursos a regidores sin soportes justificativos por 3.1 millones de pesos.

Otros hallazgos fueron el pago de más de 45 millones de pesos por obras realizadas sin evidencia de contratos entre las partes, erogación de 410 mil pesos a empleados con grado de consaguinidad con funcionarios municipales, 3.1 millones de pesos en pagos en obras que exceden los trabajos realizados, 5.9 de inconsistencia en la información financiera en el renglón de servicios personales, 12.7 en la distribución porcentual de los ingresos diferentes al límite establecido por ley; así como el pago de 729 mil pesos en valores no remitidos al Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la Construcción y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA.

Las inobservancias de leyes fueron por un monto de más de 228 millones de pesos, durante la gestión del alcalde Juan Gilberto Serulle Ramia.

La auditoría de la Cámara de Cuentas reveló que a los regidores se les entregó 6.7 millones de pesos en el 2012, 3.1 millones de pesos para entrega de ayudas sin soportes justificativos y 3.6 para supervisión de obras, sin embargo el Cabildo informó que ese monto fue utilizado para el pago de dietas de entre 75 mil y 120 mil pesos a los concejales.

Asimismo se comprobó que el ayuntamiento tenía empleados fijos con parentesco de primer y segundo grado con el alcalde y un regidor; en transportación y otra oficina en violación de la Ley La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios del 17 de julio del 2007.

Distribución de los ingresos diferentes al límite establecido por ley

El ayuntamiento de Santiago no realizó la distribución de los ingresos percibidos en el 2012 conforme a los porcentajes establecidos en la Ley 176-07 del Distrito y los Municipios, ocasionando que en los servicios personales y municipales se observaran porcentajes mayores a lo establecido por dicha ley, provocando una disminución de las inversiones municipales en un 30 por ciento equivalente a 421 millones de pesos

Dicha institución dispuso un 36 por ciento de su presupuesto para gasto de personal cuando según la ley debió de ser de un 25 por ciento, en servicios municipales un 56% cuando debió de ser un 31, en inversión 10 por ciento cuando debió de ser 40, mientras que en los renglones educación, género y salud dispuso un 4 por ciento cumpliendo con la Ley.

Auditoria fue entregada al Pepca

La auditoría del cabildo de Santiago fue entregada a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por entender que existen indicios de responsabilidad penal.

La Cámara de Cuentas recomendó disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se encuentran en la auditoria.

Dicho Cabildo debe remitir un informe a la Cámara de Cuentas de la República en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha del recibo oficial de este material.

Objetivo de la auditoría

La Ley 10-04 del 20 de enero del 2004 de la CCRD establece que la auditoría financiera se realiza con el propósito de emitir observaciones, conclusiones, opiniones, disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de la información presentada en los estados financieros de las entidades sujetas al control de la Cámara de Cuentas

Dichos informes son realizados de conformidad con las normas de auditoria gubernamental y las guías profesionales de la CCRD.

En la auditoría al cabildo de Santiago se aplicaron técnicas y procedimientos de auditorías orientados a la obtención de evidencia acerca de los montos y revelaciones en el estado de ejecución presupuestaria.