SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 15 de mayo 2015. -El consejo de abogados de Bepensa Dominicana, S.A., embotelladora de Coca-Cola en el país, sometió a acción disciplinaria ante el Consejo del Poder Judicial a Yamaicol Tejeda Puello, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en procura de la cancelación de su exequátur por la ilegalidad e ilegitimidad con que actuó en un intento de desalojo de una porción de terrenos que ocupan las instalaciones de la empresa, cuyos terrenos son propiedad absoluta de aquella, incurriendo en graves faltas en el ejercicio de sus funciones.

Los abogados Luis Rivas, Laura Acosta Lora, Gustavo Biaggi y Michael Lugo externaron que el pasado 16 de abril, el referido alguacil irrumpió en las instalaciones propiedad de Bepensa Dominicana, S.A. acompañado de una cantidad indeterminada de individuos, sin el auxilio de la fuerza pública y en ausencia del Ministerio Público, en flagrante violación de las disposiciones contenidas en la Resolución No. 14379-05 de fecha 11 de noviembre del año 2005, así como la circular emitida por la Suprema Corte de Justicia el 4 de abril de 2012.

Además de esta acción disciplinaria, también se procederá a interponer acciones legales de carácter civil y penal contra el referido alguacil. Advirtieron que con este sometimiento la empresa da inicio a una serie de acciones legales de diversas naturalezas contra el señor William Amador Álvarez y los civiles que ilegalmente ingresaron a las instalaciones antes indicadas.

Los juristas reiteraron que Bepensa Dominicana, S.A., es la única propietaria legítima y de buena fe de los terrenos adquiridos en junio de 1983, que ilícitamente el señor Amador persiste en pretender desalojar, basado en un derecho de propiedad que no posee.

Indicaron que Bepensa Dominicana, S.A. no puede ser desalojada de un inmueble del cual es propietaria de manera absoluta, a través de un arbitrario, ilegal y abusivo procedimiento, cuya legitimidad pretende ser determinada de manera unilateral por un alguacil y su mandatario.