SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 03 de Junio 2015. -La Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON) aseguró hoy que el cien por ciento de las instituciones del Estado no cumple con las leyes establecidas para transparentar las acciones en el manejo de los fondos públicos.

COPYMECON con el propósito de contribuir con la trasparencia del Estado Dominicano, desde el año 2013 inició un programa de Veeduría Social, con el objetivo de monitorear y dar seguimiento a los procesos de compras y contrataciones bienes, servicios, obras y concesiones de 29 instituciones del Estado y la observancia de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Por lo que a través del programa “VEEDURIA COPYMECON” inicia el monitoreo de once (11) indicadores que recogen el cumplimiento de los procedimientos contenidos en la Constitución de la República, la de Estrategia Nacional de Desarrollo y la  Leyes Números 340-06, 200-04, 488-08 y los Decretos No. 543-12, 188-14, entre otros.

En una rueda de prensa convocada por COPYMECON, ejecutivos de la institución dieron a conocer el “Segundo Informe de “VEEDURÍA COPYMECON” donde señalaron los hallazgos que arrojan las irregularidades, señalando que a pesar de que las normas y procedimientos legales están claramente definidos y las instituciones públicas conocen estas disposiciones,  se aprecia un alto porcentaje de inobservancia del marco legal existente.

En su programa de veeduría, COPYMECON ha estado monitoreando y participando en procesos publicados  en  diferentes instituciones desde años anteriores y producto de ello tomo muestras de 45 procesos en los cuales se pudo verificar el incumplimiento de la Ley 340-06 y su decreto de aplicación, por lo que cabe destacar que el 100% de las muestras seleccionadas fueron impugnadas, en vista de que los mismos no estaban realizados de acuerdo con las normativas establecidas, afectando de manera directa la posibilidad de participar en igualdad de condiciones a las Pequeñas y Medianas Empresas del Sector de la Construcción.

También señala que aun cuando se solicita información cumpliendo con lo establecido en la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, hacen caso omiso al cumplimiento de los tiempos establecidos para estos fines, manifestando que en algunos casos para entrega de las informaciones se ha condicionado al pago de las informaciones requerida, situación está que limita los procesos de Veeduría Social, como tal es el caso del Ministerio de Educación, MINERD.

Violando así lo que establece la Ley, de que dichas informaciones  deben suministrarse de manera gratuita cuando se trata de informaciones de interés público y fueran solicitadas por una ONG.

Otro de los señalamientos del documento, es que en comparación con el primer informe del Programa de “VEEDURIA COPYMECON”, se observa un incremento en el porcentaje de los procesos que son realizados por las instituciones mediante modalidades de compras menores, compras directas y comparaciones de precios, lo que pudiera interpretarse como un alto incremento a los niveles de fraccionamiento.

Es palpable la falta de interés que tienen estas instituciones de hacer de conocimiento público su Programa Anual de Compras y Contrataciones y cumplir con la Ley 340-06 y decreto 543-12, negando así las informaciones referentes a las oportunidades de negocios destinadas a las pymes, que aun cuando se destacó en nuestro primer informe, PROMIPYME persiste en permanecer indiferente.

Así mismo, se continúa con el uso inadecuado e inconsistente de las nomenclaturas utilizada para la publicación de las diferentes modalidades de compras y contrataciones, significando un aumento de las irregularidades de que no se están publicando todos los pliegos de condiciones de los diferentes procesos en el Portal de Compras Dominicana.

Por lo que de manera alarmante ha habido un incremento significativo de procesos de compras y contrataciones que no son publicados simultáneamente en el portal del Órgano Rector y los Portales Institucionales.

Así mismo puntualiza dicho informe, que aún no están disponible al público los informes de las distintas Comisiones de Veeduría Ciudadanas nombradas en 24 instituciones públicas mediante el Decreto 188-14, a pesar de que hace más de un año de estar instaladas.  

Uno de los problemas más graves señalados es que se desconoce la asignación de Apropiación Presupuestaria y Asignación de fondos para los Procesos de compras y contrataciones en el 97% de los procesos de compras de las 29 instituciones que forman parte del Programa VEEDURIA COPYMECON.

Debido a las tantas irregularidades COPYMECON recomienda en éste segundo informe un mayor nivel de supervisión y control en el cumplimiento de la Ley 200-04, para que las instituciones cumplan con la entrega de las informaciones requeridas de acuerdo al mandato de las normas vigentes, así como la estandarización y uso de las nomenclaturas de los procesos publicados, garantizar la disponibilidad de los pliegos y garantizar que los procesos sean publicitados de manera simultánea en los portales de Compras Dominicana y las instituciones.

Además del monitoreo del adecuado uso de los procesos de adquisiciones, restringiendo el inadecuado uso de fraccionamiento y dando respuesta oportuna a las impugnaciones presentadas a los procesos de las distintas instituciones.

Y finalmente que las 24 Comisiones de Veeduría Ciudadanas que fueron nombradas por el poder Ejecutivo a través del decreto 188-14, hagan de conocimiento público sus informes de seguimiento con las observaciones, las valoraciones y los hallazgos sobre el funcionamiento y la gestión de los procesos de compras y contrataciones públicas que ellos han elaborado de las respectivas instituciones.

Que se cumpla con el decreto 543-12, que ordena que publiquen las adjudicaciones de los procesos de compras y contrataciones, licitados y asignados a los fines de que el público en general pueda conocer quiénes son las personas físicas o jurídicas que están favorecidas  por los diferentes procesos de compras y contrataciones y que el Órgano Rector de seguimiento y respuesta oportuna a los procesos de compras y contrataciones impugnados.