TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, RÍO DE JANEIRO,  16 DE JULIO, 2019. -La Fiscalía brasileña lanzó este martes una operación contra 17 personas acusadas de haber invertido en un proyecto ilegal para la construcción de edificaciones en Río de Janeiro, dos de las cuales se desplomaron en abril pasado en un accidente que dejó 24 muertos, informaron fuentes oficiales.

La operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Civil de Río de Janeiro tuvo como blanco pequeños empresarios y personas que, a cambio de elevadas ganancias, ofrecían recursos para financiar la construcción de edificaciones irregulares en áreas invadidas en reservas ambientales y que carecían de cualquier tipo de autorización de la municipalidad.

Las edificaciones eran construidas y vendidas por una “milicia” (como son conocidas las organizaciones parapoliciales en Brasil) que controla varias favelas en la zona oeste de Río de Janeiro.

La red ilegal de construcción de edificios en áreas ambientales invadidas en zonas controladas por milicianos fue descubierta en abril, cuando dos predios de cinco pisos se desplomaron en el barrio de Muzuma en un accidente que dejó 24 víctimas mortales.

El accidente permitió establecer que decenas de edificaciones habían sido construidas irregularmente en un área de 7.000 metros cuadrados de una reserva ambiental que fue desforestada de forma ilegal.

Antes del accidente la Alcaldía había iniciado procesos administrativos contra los propietarios de apartamentos en los predios irregulares y ordenado el desalojo de todos pero la Justicia acató peticiones de los afectados para no perder sus viviendas y les permitió permanecer en las construcciones.

La Policía ya había detenido a los “milicianos” acusados de haber construido los edificios irregulares y de haberlos vendido a cientos de personas de escasos recursos que aceptaban pagar por apartamentos de los que no recibían ningún papel de propiedad pero que les garantizaba el sueño de tener una vivienda.

Pero la investigación contra los constructores de las edificaciones permitió identificar a 17 personas que financiaban los proyectos, contra los que fueron dictadas órdenes de arresto, entre ellos un pequeño empresario que movilizó en los últimos 4 años cerca de 25 millones de reales (unos 6,6 millones de dólares) en el negocio irregular.

Según la Fiscalía, 11 de las 17 personas acusadas de financiar el proyecto ilegal fueron arrestadas en las primeras horas de la operación de este martes y las otras 6 fueron declaradas prófugas.