TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, NEW YORK, 13 de agosto, 2019. Una coalición de 29 estados y ciudades de Estados Unidos, encabezada por la Fiscalía General de Nueva York, presentó este martes una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por suavizar las restricciones contra las emisiones de las centrales térmicas de carbón.

En un comunicado, la oficina de la fiscal general neoyorquina Letitia James anunció una batalla legal contra la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés) y su medida “Energía Limpia Asequible”, que James descalifica como “energía sucia”.

Esta norma sustituyó otra anterior de la era Barack Obama (2009-2017), el Plan de Energía Limpia, que limitaba las emisiones por parte de estas plantas energéticas.

De acuerdo con la Fiscalía, la medida de la EPA “revierte estos límites y prácticamente no tendrá impacto en estas emisiones, prolongando la dependencia nacional de centrales térmicas de carbón contaminantes y caras, y obstruyendo el progreso de los estados hacia la generación de energía limpia, renovable y asequible”.

“La ciencia es indiscutible: el clima está cambiando. Los casquetes polares se están fundiendo, los niveles del mar están subiendo y el clima se está volviendo más y más extremo”, explicó James en la nota.

Según los cálculos de la EPA, que recoge la Fiscalía, las diferencias son sustanciales: la reducción del plan de Obama de cara a 2030 era de 415 millones de toneladas de CO2, en tanto que con la norma de la Administración Trump, la disminución es solo de 11 millones de toneladas.

Con estas mismas cifras, los beneficios de cara a 2030 eran de entre 26.000 millones y 45.000 millones de dólares con el plan de Obama, frente a los entre 300 millones y 1.000 millones de la norma de Trump.

Los fiscales defienden que la nueva regla infringe la Ley federal de Aire Limpio, que exige límites en la emisión de gases de efecto invernadero basados en la reducción de emisiones a través “del mejor sistema de reducción posible”.

Para la coalición, “el mejor sistema” es pasar a la generación de energías que reduzcan la huella de carbono.

Los estados argumentan que hay alternativas estatales que la EPA ignora deliberadamente, como la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI), un programa de derechos de emisión que ha reducido en diez estados las emisiones en un 50 % y que ha tenido un impacto económico positivo de 1.400 millones de dólares, así como la creación de 14.500 nuevos puestos de trabajo.

El sistema de la norma de Trump se basa en mejoras de los equipos en las centrales térmicas, algo que solo garantiza una reducción de las emisiones en un 0,7 %.

La demanda, presentada en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en Washington, incluye a los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

Asimismo, también están presentes las fiscalías de las ciudades de Boulder (Colorado), Chicago (Illinois), Los Angeles (California), Nueva York, Filadelfia (Pensilvania) y el área del sur de Miami (Florida).