TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 04 de septiembre 2019-. El Estado dominicano salió victorioso en el arbitraje internacional como resultado de la demanda arbitral interpuesta en su contra por los señores Michael y Lisa Ballantine.

La demanda fue interpuesta sobre la base del Capítulo 10 sobre Inversión del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA), en particular la disposición relativa al Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación.

Los señores Ballantine demandaron al Estado por la suma de US$41,500,000.00 en el denominado caso “Jamaca de Dios” alegando violaciones al DR-CAFTA por no permitirle la expansión de su proyecto habitacional y recreacional en el área protegida del Parque Nacional Baiguate.

El martes 3 de septiembre, el tribunal arbitral emitió su laudo definitivo desestimando los reclamos de los señores Michael y Lisa Ballantine, particularmente sobre la base de que no tenían calidad para ampararse en el DR-CAFTA en vista de que la nacionalidad efectiva y dominante de dichos señores era la dominicana tanto cuando se produjeron los hechos como cuando se interpuso la demanda arbitral.

Defensa rigurosa y efectiva del interés nacional

La Dirección de Comercio Exterior (DICOEX) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes estuvo a cargo de la coordinación de la defensa del Estado, junto a un equipo interinstitucional en el que participaron la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Este es un importante triunfo judicial internacional del Estado dominicano que realizó una defensa rigurosa y efectiva del interés nacional, especialmente de un recurso natural tan valioso como el Parque Nacional Baiguate.

El Estado dominicano estuvo representado por la firma de abogados Arnold & Porter, la cual contó con el apoyo del equipo de funcionarios dominicanos integrado por Marcelo A. Salazar, director de la DICOEX; y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Asimismo, por Patricia Abreu, viceministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Leidylin Contreras, subdirectora de la DICOEX; Raquel De la Rosa, analista del Departamento de Prevención, Solución de Controversias e Inversión de la DICOEXl y Rosa Otero, directora del Ministerio de Medio Ambiente.

Johanna Montero del Ministerio de Medio Ambiente y Nathalie Hernández y Sara Patnella de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, también formaron parte.