TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, LUXEMBURGO, 14 de octubre, 2019. -Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) enviaron este lunes una advertencia a Nicaragua al adoptar un marco legal que le permitirá imponer sanciones selectivas si se continúa degradando la crisis sociopolítica que desde abril de 2018 ha dejado cientos de muertos en el país.

Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, explicó el Consejo en un comunicado.

También a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.

La UE dejó claro que cualquiera de estas medidas restrictivas es “específica” y se ha concebido para “no perjudicar a la población nicaragüense”.

Las sanciones pueden consistir en la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes, para las personas, y en la congelación de bienes, para las entidades.

Además, las personas físicas y las entidades establecidas en la UE tendrían prohibido poner fondos a disposición de aquellas que figuren en la lista.

La UE ha reaccionado así a los enfrentamientos que han dejado en Nicaragua 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.

En paralelo, los ministros comunitarios aprobaron una declaración en la que expresan su “preocupación por el deterioro de la situación política y social” en Nicaragua y condenan “firmemente la represión que las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno ejercen” contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil.

En la misma línea, la UE rechazó el uso de las leyes antiterroristas para perseguir y penalizar opiniones discrepantes, y consideró que las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el fin expreso de la reconciliación, como la Ley de Amnistía de junio, “fueron impuestas sin consultas y no respetan los principios internacionales pertinentes”.