Según el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), muchos de los migrantes son víctimas de violaciones recurrentes de derechos humanos en la frontera, negación de los derechos a la dignidad, igualdad, respeto y la no discriminación.

En el año que culmina, el Gobierno dominicano arreció los controles migratorios y redadas en diversas provincias del vecino país, mientras la crisis sociopolítica sacudía a Haití, con cíclicas protestas antigubernamentales.

También desde noviembre pasado, se reanudaron las deportaciones de haitianos desde Las Bahamas, luego del paso del huracán Dorian, que segó la vida de unas 70 personas, aunque las autoridades reconocen que la cifra puede aumentar.

Hasta la fecha, 340 haitianos fueron deportados, de acuerdo con la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), y la última oleada de 113 personas arribó a Puerto Príncipe este mes de diciembre.

Pese a la inestabilidad sociopolítica y económica de Haití, la OIM estima que las deportaciones deben continuar, pues las autoridades bahamesas anunciaron su intención de devolver a la mayoría de indocumentados, muchos de ellos de nacionalidad haitiana.

Géralda Saint-Ville, responsable de Comunicaciones y Promoción del GARR, insistió en que el Gobierno haitiano debe encauzar la migración en el país, y alertó que las operaciones de repatriación de las autoridades dominicanas suelen ir acompañadas de malas condiciones de detención y daños físicos.

Saint-Ville también expresó su preocupación por la migración irregular de muchas personas que se lanzan a mar en barcos improvisados, y en ocasiones terminan sucumbiendo en las aguas.