El texto sancionado contiene parte de las medidas del llamado “paquete anticrimen” presentado por Moro, quien lideró en su momento como juez las investigaciones de la Operación anticorrupción Lava Jato, así como parte de un proyecto elaborado por una comisión de juristas coordinada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes y algunas alteraciones propias promovidas por parlamentarios.

La ley sancionada, que modifica el Código Penal y otras leyes de seguridad pública, pretende reforzar el combate al crimen y fue publicada, junto a los vetos, en una edición extra del Diario Oficial de la Unión la noche del martes.

Según la Secretaría de la Presidencia, los vetos de Bolsonaro obedecen a “razones de interés público e inconstitucionalidad” y fueron establecidos tras un Grupo de Trabajo “analizar y debatir” el texto aprobado por el Congreso.

Entre los artículos vetados figuran el que estipulaba la triplicación de la pena de delitos cometidos o divulgados en internet y la extracción de ADN de acusados solamente en algunos casos.

Según Bolsonaro, la extracción obligatoria de material genético -que será almacenada en un “banco genético”- tan solo en algunos delitos “contraria el interés público” al excluir “algunos crímenes hediondos considerados de alto potencial ofensivo”, señaló la Secretaría de la Presidencia.

Así, el banco genético abarcará todos los crímenes considerados hediondos y se extenderá a acusados de cometer delitos como comercio ilegal de armas, tráfico internacional de armas y organización criminal, además de acusados de crímenes dolosos practicados contra la vida, libertad sexual o crimen sexual contra vulnerable.

En la ley sancionada, el presidente mantuvo la creación de un “juez de garantías”, figura incluida por los parlamentares y quien supervisará los procesos y será diferente al magistrado que dictará sentencia sobre el caso analizado.

Sin embargo, Bolsonaro vetó el punto que preveía la posibilidad de realización de audiencias entre presos y el juez de garantías vía videoconferencia en un plazo de 24 horas.

Igualmente fue vetado del texto del Congreso el dispositivo que aumentaba la pena del crimen de homicidio cometido con armas de fuego de uso restringido o prohibido, al ser considerado que la propuesta podría generar “inseguridad jurídica”.

Bolsonaro también restableció la interceptación ambiental en la residencia de investigados y vetó la limitación del uso “de la prueba de captación ambiental solamente por la defensa”, por contrariar “el interés público”.

“Una prueba no debe ser considerada lícita o ilícita únicamente en razón de la parte que beneficiará”, justificó.

La ley que endurece la legislación penal había sido aprobada por el Senado el pasado 11 de diciembre y ahora deberá regresar al Congreso, que decidirá si acoge o derriba los vetos presidenciales.