TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, VENEZUELA, 29 de diciembre, 2019. -El año 2019 ha dado lugar en Latinoamérica a una profunda reconfiguración política, con un fuerte protagonismo de la sociedad en las calles y varios conflictos con final abierto. Los últimos 12 meses estuvieron atravesados por elecciones, desestabilización política, un golpe de Estado, múltiples protestas y la profundización de las sanciones e intervenciones del Gobierno estadounidense a los países no alineados con Washington.

Sin dudas, el derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia, a pocos días de concretada una elección, más allá de las denuncias de fraude que nunca fueron probadas de manera contundente, encienden una alarma respecto a la seguridad democrática y la soberanía de los pueblos de la región.

Ya en enero, el Gobierno de EE.UU. fue uno de los máximos auspiciantes del intento de golpe de Estado en Venezuela, encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó ‘presidente encargado’. La misión desestabilizadora alcanzó su punto máximo el 30 de abril, con la llamada ‘Operación Libertad’, pero, sin la respuesta de las fuerzas militares, al menos al nivel que esperaban los ejecutores y promotores del levantamiento, fracasó ese mismo día.

Desde el mes de abril, la Casa Blanca decidió endurecer y ampliar las sanciones económicas y comerciales a Cuba, Venezuela y Nicaragua, los países considerados por Washington como “la troika de la tiranía”. El objetivo fue expuesto por las propias autoridades de la administración Trump: “Acabar con la glorificación del socialismo y el comunismo” en el continente.

El año de las protestas

En varios países, las calles han sido escenario de expresiones populares, pero también de extrema violencia y represión.

En este sentido, Chile ha dado sobradas muestras de que la bonanza económica y el equilibrio financiero de una nación, no necesariamente se traducen en bienestar social. Desde el 18 de octubre, miles de personas se manifestaron casi diariamente contra el Gobierno de Sebastián Piñera y sus políticas, con la desigualdad, los bajos salarios y la falta de acceso a los servicios esenciales, como principal eje de los reclamos.

En medio de graves denuncias por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad chilenas, en el marco de la represión policial, se ha iniciado un proceso de reforma constitucional con el objetivo de atender algunas de esas demandas, pero nada garantiza que cese la conflictividad para el próximo año. De avanzar en el plebiscito en abril de 2020, la nueva Carta Magna podría tomar forma recién en 2021, poco antes de las elecciones nacionales.

En Ecuador y Colombia también numerosos grupos opositores han expresado su descontento. En el caso del primero, por el ‘paquetazo’ económico que quiso aplicar el presidente Lenín Moreno para cumplir con las metas que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que fue finalmente retirado debido al fuerte rechazo social que generaba. En cuanto a Colombia, el conflicto social estuvo marcado por una huelga nacional que no ocurría con semejante fuerza desde 1977, en respuesta a una serie de proyectos del gobierno de Iván Duque, principalmente una reforma tributaria que ya fue aprobada, pero también por las constantes violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de líderes campesinos.

En Haití, el país más pobre del continente americano, las movilizaciones y la violencia no son novedad, pero se intensificaron este año con un claro objetivo: conseguir la renuncia del presidente Jovenel Moise, quien enfrenta un clima adverso por la extrema miseria, la escasez de combustible y graves acusaciones de corrupción contra la clase dirigente.

En casi todos los casos, los principales componentes de los colectivos que protestaron fueron: comunidades indígenas, movimientos feministas, estudiantes, sindicatos, organizaciones políticas, ambientalistas e independientes.