TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, EL SALVADOR, 24 de febrero, 2020.  Un grupo de víctimas de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y representantes de organizaciones no gubernamentales pidieron este lunes al presidente Nayib Bukele que vete una ley de reconciliación nacional que podría ser aprobada esta semana en la Asamblea Legislativa.

“Le pedimos al señor presidente que vete esa ley porque favorecerá a la impunidad y no a las víctimas”, dijo a periodistas Rafael Segura, victima y miembro de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador.

Segura también llamó a la comunidad internacional a que “se pronuncie en contra de esta nueva amnistía que se está fraguando”.

Por su parte, David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y miembro de la organización Cristosal, lamentó que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, “lejos de continuar con el diálogo con las víctimas, haya promovido reuniones privadas, sin acceso a la prensa, a las organizaciones y a las víctimas, para crear un documento de ley que favorecerá la impunidad”.

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Ya hay un documento de ley

Este lunes, Ponce entregó a los miembros de la Comisión Política, encargada del análisis del proyecto de ley, un documento de ley que, según el líder del Congreso, fue trabajado con un “grupo de asesores”.

El proyecto, de acuerdo con lo señalado por Ponce, “contiene los cuatro parámetros que exigió la Sala de Constitucional” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una sentencia tras la anulación de una ley de amnistía de 1993.

Lo anterior fue confirmado por Morales, quien condenó la acción de presidente del órgano Legislativo.

“Los vicios de la impunidad siguen ahí. El presidente (Ponce) y los diputados han actuado bajo la mesa y en secreto para seguir manteniendo disposiciones que impidan la efectividad de los juicios, que se abran procesos judiciales y que los victimarios no tengan penas de prisión y no se afecte sus patrimonios personales por responsabilidad civil”, señaló.

“En caso de que el presidente (Bukele) se llegue a sumar al pacto de impunidad, daremos la batalla ante la Sala de lo Constitucional”, dijo el exprocurador.