TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, REPUBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO, 05 de mayo, 2020.  El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, expresó su oposición a la modificación de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social que permitiría a los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) el retiro de hasta un 30% de sus ahorros.

Según indica un comunicado de prensa, el titular de la entidad financiera rechaza la iniciativa “por las consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico”.

Valdez Albizu consideró desafortunada e improcedente esta propuesta legislativa puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones de pesos para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.

En adición, alertó que esta situación generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo.

Lo anterior, según el funcionario afectaría “de manera más perniciosa” a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza.

“Estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir”, sentenció Valdez Albizu.

El gobernador añadió que dicho proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa.

Consideró que el único resultado de dicha propuesta sería “un retroceso a un escenario de crisis similar al del año 2003, que generó un costo para el país en torno a un 20% del producto interno bruto”.

Señaló que de obtenerse la liquidez a través de una recompra de títulos por parte del ministerio de Hacienda, se desviarían cuantiosos recursos que el gobierno necesita destinar a la asistencia de los sectores más afectados por las medidas para disminuir la propagación del COVID-19.

Indicó además que permitir el retiro anticipado de los ahorros de los fondos de pensiones afectaría a los propios trabajadores, quienes al final verían disminuidas sus pensiones en torno a un 25% o tendrían que extender su edad de retiro entre 2 y 4 años, para alcanzar el mismo nivel de pensión que hubieran obtenido en caso de no haber retirado anticipadamente los recursos acumulados.

La nota igual sostiene, que Valdez Albizu también consideró sin fundamento la alternativa de que el Banco Central sea garante de un fondo especial con cargo al cual las entidades de intermediación financiera entregarían a los trabajadores el equivalente de hasta el 25% del saldo acumulado en sus cuentas de capitalización individual, ya que entra en contradicción directa con las disposiciones de la Constitución de la República y de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.