TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, RECIFE, BRASIL, 13 de agosto, 2020.- La Policía Federal brasileña desarticuló este jueves una red, integrada por funcionarios públicos, empresarios y políticos, que desviaba recursos destinados al combate de la pandemia por el nuevo coronavirus en ocho estados y la capital Brasilia, según informó el organismo.

La “Operación Virion”, nombre en alusión a una de las fases del virus, movilizó desde tempranas horas de la mañana a 150 agentes federales y fiscales de la Contraloría General de la Unión para cumplir 36 órdenes de arresto y allanamiento en despachos públicos y empresas particulares.

El operativo se realizó simultáneamente en Bahía (nordeste), Goiás y Distrito Federal de Brasilia (centro), Minas Gerais (sudeste), Río Grande do Sul y Santa Catarina (sur) y Amazonas, Pará y, principalmente, Roraima (norte).

La red, de acuerdo con la información, cometía fraudes en la licitación de compras de productos y servicios durante la pandemia por el COVID-19, que ha dejado en el país más de 104,000 muertos y casi 3.2 millones de casos confirmados.

Los investigadores sospechan que fueron desviados cincuenta millones de reales (unos 9,1 millones de dólares) en la adquisición de “insumos médicos, equipos hospitalarios básicos, respiradores, pruebas rápidas de diagnóstico, material informativo impreso y lechos en hospitales particulares”.

La situación más grave, según la Policía, ocurrió en el estado amazónico de Roraima, fronterizo con Venezuela, donde el exsecretario de Salud Francisco Monteiro y el diputado regional Jefferson Alves, articularon el fraude en los precios negociados y recibían pagos de las empresas que vendían los insumos.

Alves se tornó conocido en febrero de este año en un vídeo que circuló en la redes sociales y se le ve utilizando una motosierra para abrirse paso en un bloqueo de protesta que hacía un grupo de indígenas en la carretera que une a Manaus y Boa Vista, las dos principales capitales regionales de la Amazonía.

De acuerdo con las autoridades, la red se aprovechaba del estatus de emergencia decretado por estados y municipios, que permiten las compras sin todas las exigencias de licitación, y se verificó “que los procesos no seguían un orden cronológico” para beneficiar, supuestamente, los negocios de mayor interés para el grupo.